En un giro que contradice las promesas de su campaña, Andrés Manuel López Obrador concluyó sus conferencias mañaneras como presidente con la firma de un polémico decreto que transfiere el control de la Guardia Nacional al Ejército, consolidando así la militarización de la seguridad pública en México.
De promesas a contradicciones
El presidente, quien en un pasado se había proclamado como el más humanista de la historia, selló su sexenio otorgando más poder al Ejército, institución históricamente vinculada a violaciones de derechos humanos en nuestro país.
A la par, también firmó la reforma que reconoce los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, intentando equilibrar el legado de su administración. Ambas reformas, se aprobaron de manera exprés por el Senado y los congresos locales, con el fin de que se promulgaran antes de que acabara su sexenio.
Durante su campaña, AMLO prometió regresar a los militares a los cuarteles y rechazó la militarización del país; sin embargo, una vez en el poder, no sólo los mantuvo en las calles, sino que también les otorgó un rol central en la construcción de obras y en el manejo de recursos públicos, escudándose en temas de “seguridad nacional”.
Todo esto le permitió —y seguirá permitiendo— operar con opacidad, sin rendir cuentas claras, a excepción de la información filtrada por el colectivo Guacamayas, que reveló nexos entre altos mandos militares y grupos criminales, sin que se tomaran acciones por parte del gobierno.
Militarización y falta de debate
Mientras se discutió la reforma a la Guardia Nacional, la oposición se ausentó en varias de las sesiones, ya que advertían que esta acción implica una clara militarización del país, lo que representa el riesgo para los derechos civiles y las libertades democráticas. A pesar de estas críticas, Morena logró la mayoría calificada con la ayuda de alianzas estratégicas.
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