¿Qué estados ya aprobaron la reforma a la Guardia Nacional?

La reforma que transfiere el control operativo de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ya ha sido aprobada en el Senado y en 17 congresos estatales, alcanzando el mínimo necesario para ser declarada constitucional. 

Los estados que ya le dieron el sí definitivo son Baja California, Chihuahua, Campeche, Ciudad de México, Colima, Durango, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Todos con mayorías de Morena y aliados, ahora la reforma está un paso más cerca de llegar al Diario Oficial de la Federación.

Este cambio es parte del plan del presidente Andrés Manuel López Obrador para mantener la seguridad pública bajo el mando militar, una medida que ha sido criticada por organizaciones que ven en esto una forma de militarización de la vida cotidiana en México.

También aprueban reforma a los pueblos indígenas

En paralelo, también se está discutiendo la reforma que modifica la Constitución en materia de pueblos indígenas y afromexicanos. El pasado 24 de septiembre ya fue aprobada, por unanimidad con 127 votos, en el Senado y ha pasado a los congresos locales, de los cuales Ciudad de México, Oaxaca y Guerrero ya le dieron luz verde.

¿De qué trata la reforma a los pueblos indígenas?

Esta reforma modifica el artículo 2 de la Constitución, otorgando personalidad jurídica y patrimonio propio a estas comunidades, lo que les permitirá acceder a recursos públicos y ejercer sus derechos colectivos de forma más autónoma.

Este avance es considerado histórico, ya que pone fin a siglos de discriminación estructural, permitiendo que los pueblos originarios y afromexicanos tengan mayor control sobre su territorio, cultura, lengua y recursos naturales. Además, se les garantiza el derecho a ser consultados sobre cualquier medida que afecte sus derechos, un aspecto clave para proteger su integridad y patrimonio cultural.

Lo que representa un paso importante en la lucha por el reconocimiento y la justicia social de estas comunidades históricamente marginadas, y que representan más de 23 millones de personas en México.