¿Cómo podría afectarte la desaparición del Inai?

Si tienes buena memoria, te acordarás que como parte de una serie de reformas impulsadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, se plantea la desaparición de algunos organismos autónomos, como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, ha explicado que estas reformas buscan simplificar la administración pública y reducir costos, eliminando organismos que, según el gobierno, duplican funciones. 

Aunque aún no se ha debatido formalmente, la desaparición del Inai es una de las prioridades legislativas del actual gobierno, con la meta de aprobar todas las reformas pendientes antes del cierre del periodo legislativo en diciembre. 

Pero, ¿cómo podría afectarte la desaparición del Inai? Según Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, podrían ocurrir cuatro cosas principalmente: 

1.- Afectaría el acceso a la información

Una de las cosas que la reforma propone es repartir las funciones del Inai entre distintas autoridades. Estas atribuciones quedarían en manos de la Secretaría de la Función Pública, así como de las contralorías de los poderes Legislativo y Judicial. Lo cual generaría un trato desigual en la interpretación y aplicación de la ley según cada autoridad.

Es decir, el acceso a la información ya no sería supervisado por una entidad externa independiente, lo que implicaría que las instituciones manejarían estos procedimientos internamente. Esto podría limitar la imparcialidad en la resolución de conflictos cuando las personas soliciten información pública, ya que no habría un órgano que verifique de manera neutral la legalidad de las decisiones de las instituciones involucradas.

2.- Centralizaría el derecho al acceso a la información

Sin el Inai, las contralorías de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial tendrían que manejar los recursos de revisión presentados por ciudadanos que consideren que no se les proporcionó la información solicitada. Esto añade una carga administrativa en un momento en el que se han reducido las estructuras de control interno, lo que podría afectar la eficiencia.

Además, la iniciativa no menciona cambios en la Ley General de Responsabilidades Administrativas para garantizar que las contralorías puedan manejar este tipo de casos de manera adecuada. 

Esto plantea un problema: las contralorías actuarían como juez y parte, revisando su propio manejo de las solicitudes de información, lo que reduce la independencia y la imparcialidad del proceso. Sin una entidad externa e imparcial que revise estas decisiones, la calidad y transparencia de las respuestas podrían verse comprometidas.

3.- Uniformidad en la protección de datos

Si se transfieren las funciones relacionadas con la protección de datos personales en manos de empresas al Poder Ejecutivo Federal, crearía dos enfoques diferentes: uno para el sector privado controlado por el Ejecutivo, y otro para el sector público. Esta división generaría una falta de uniformidad en la protección de datos.

Además, surge la preocupación de si las empresas y organismos contarán con los recursos necesarios para cumplir con los nuevos procesos de verificación de datos bajo esta estructura fragmentada.

4.- Afectaría la política de transparencia 

Las contralorías internas asumirían las funciones de revisión de información pública, lo que generaría un conflicto de interés al revisar sus propias decisiones. Además, la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), que facilita la consulta de datos sobre el sector público, podría dejar de funcionar, complicando el acceso a información crucial sobre sueldos, contratos y otras gestiones gubernamentales.

Otro cambio preocupante es la eliminación de la protección contra impugnaciones a las resoluciones del Inai, lo que permitiría que las autoridades puedan recurrir a litigios que retrasen o bloqueen el acceso a la información pública. 

Esta falta de mecanismos independientes para revisar y defender el derecho a la transparencia supone un retroceso en los avances obtenidos en materia de acceso a la información y protección de datos personales.