Querétaro se convirtió en el epicentro de la indignación este viernes, cuando la policía municipal reprimió brutalmente a artesanas y artesanos indígenas que se manifestaban pacíficamente en el Centro Histórico de la capital.
Bajo el pretexto de “controlar” el comercio informal, el gobierno municipal de Felipe Fernando Macías (PAN), implementó un operativo para desalojar a vendedores en esta zona. La acción dejó un saldo de heridos, detenciones y un mar de críticas sobre la represión que sufrieron las y los manifestantes.
El inicio de la protesta y el desalojo violento
Decenas de artesanas y artesanos indígenas, que dependen del comercio de sus artesanías para sobrevivir, decidieron salir a las calles para protestar contra el desalojo impulsado por el municipio.
Sin embargo, el gobierno, en lugar de ofrecer soluciones que beneficien a los trabajadores informales, respondió enviando un contingente de más de 100 elementos de la policía municipal. Quienes no escatimaron en el uso de la fuerza para desalojar a lxs manifestantes. Golpes, empujones y perros entrenados en control de multitudes fueron empleados contra hombres y mujeres que intentaban defender su derecho a trabajar.
Los momentos de brutalidad quedaron registrados en fotos y videos que rápidamente se viralizaron, mostrando la magnitud de la represión. Lxs oficiales, bajo órdenes de la Secretaría de Seguridad Pública local, no dudaron en emplear fuerza desmedida y en detener a lxs manifestantes.“Se llevaron a varios. La verdad, desconocemos a cuántos por lo que está pasando, pero sí se llevaron a varios”, declaró una mujer que denunció la detención de su esposo.
Detenciones arbitrarias y abuso de autoridad
Entre los detenidos se encuentran reconocidos artesanos como Esteban Vargas Vargas, César Islas Pacheco y Edgar Chino Ciriaco, además del activista Cristian Jesús Pérez Romero, del colectivo Comida No Bombas Querétaro, y una estudiante universitaria. En total, al menos nueve artesanos fueron detenidos sin explicaciones claras sobre los motivos, lo que indignó a la comunidad.
Organizaciones de derechos humanos y ciudadanía se movilizaron inmediatamente, congregándose en las afueras del Juzgado Cívico al grito de “¡presos políticos, libertad!”. Exigiendo liberar a quienes fueron arrestados y poner fin a la represión que sólo evidencia la intolerancia hacia los sectores indígenas y vulnerables.
Por su parte, el Secretario de Gobierno, Juan Carlos Arreguín, defendió el operativo argumentando que los arrestos fueron por “alteración del orden”. No obstante, esta respuesta evasiva ante las denuncias de abuso de autoridad dejó muchas preguntas sin responder.
Al impedir que estos trabajadores informales vendan sus productos, el gobierno municipal pone en riesgo el sustento de familias que dependen de la venta de artesanías. Pero sobre todo, demuestra su intolerancia a las comunidades indígenas. Además, la represión violenta que sufrieron deja en claro la falta de interés en resolver el problema de forma justa.
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