Ya se cumplieron dos meses desde que Sinaloa ha visto dispararse de manera alarmante las cifras de personas desaparecidas y asesinadas. Lo que comenzó como una serie de choques entre facciones del Cártel de Sinaloa —los “Chapitos” y los “Mayos”— se ha transformado en una crisis humanitaria que supera los límites de la violencia cotidiana en el estado.
Antes de septiembre, el conteo oficial registraba 36 personas desaparecidas. Hoy, la cifra se ha disparado a más de 400, según colectivos de madres buscadoras, con la gran mayoría de los casos concentrados en Culiacán.
Las desapariciones forzadas han dejado una marca profunda en las comunidades de Sinaloa. Para quienes sufren esta violencia, el conflicto entre facciones criminales no es un asunto ajeno o distante; es una guerra que se libra en sus calles, frente a sus hogares y hasta dentro de sus propias familias.
En medio de esta tragedia, las autoridades presentan un panorama que parece subestimar la magnitud del problema: la Fiscalía de Sinaloa reporta oficialmente 252 personas desaparecidas entre septiembre y octubre, mientras que el Registro Nacional de Búsqueda registra 316. Sin embargo, los colectivos aseguran que los números reales están muy por encima.
La violencia en carne viva: historias que duelen
Los ejemplos de esta brutal realidad abundan. Como el de Sergio Cárdenas Hernández, un repartidor de periodico, que el 19 de octubre fue secuestrado a plena luz del día mientras comenzaba su jornada laboral. A diferencia de otros casos de desaparecidos que fueron liberados horas después, el paradero de Sergio sigue siendo incierto.
El Debate, el periódico donde trabajaba Sergio, ha sido objeto de amenazas del crimen organizado en varias ocasiones: la misma semana recibió disparos en sus oficinas en Culiacán y otro incidente en Guasave, donde dejaron un arma de juguete a modo de advertencia.
En medio de este clima de intimidación, quienes alzan la voz para exigir justicia enfrentan el riesgo constante de represalias.
Una guerra que convierte a Culiacán en tierra de desapariciones
El 9 de septiembre marcó el inicio de una escalada violenta que transformó el día a día de Culiacán. Desde esa fecha, los enfrentamientos entre las facciones del cártel se volvieron prácticamente diarios, elevando los homicidios dolosos a más de 200 y llenando las redes sociales con fichas de búsqueda, principalmente de jóvenes de entre 18 y 34 años.
La situación es tan crítica que María Isabel Cruz, líder de Sabuesos Guerreras, ha declarado que la ciudad entera se encuentra aterrada y el Estado los ha dejado a su suerte. “Nos duele Culiacán y más nos duele ver la indiferencia de las autoridades que no hacen nada por ayudar a la población secuestrada”.
Los datos son más aterradores, te sacuden por completo. Si tomamos en cuenta que, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), el año pasado se registraron 333 personas desaparecidas y no localizadas en Sinaloa.
Pero, desde septiembre de 2024, la cantidad, según los colectivos de madres buscadoras del estado, es de 203. Lo que equivale a más del 60% de las desapariciones forzadas de todo el 2023, tan sólo en unos meses.
La voz de las madres: el dolor y la lucha sin tregua
El martes 15 de octubre, hace casi un mes, colectivos de búsqueda marcharon pacíficamente por la avenida Álvaro Obregón, la arteria principal de Culiacán, en una manifestación simbólica que exigió no sólo justicia, sino paz. Pues, incluso las labores de las madres buscadoras se han visto paralizadas o limitadas por la ola de violencia, que no les permite buscar a sus familiares sin exponerse.
Reynalda Pulido, madre de Javier Ernesto Vélez Pulido, desaparecido en 2020, alzó su voz para pedir: “queremos tener un Sinaloa seguro, un Sinaloa donde yo pueda llevar a la escuela a mi hijo tranquila, queremos poder seguir buscando a nuestros hijos desaparecidos”. Esta marcha fue una muestra más de la resistencia de estas familias, que pese al riesgo de amenazas y violencia, no abandonan la esperanza de encontrar a sus seres queridos.
La situación ha alcanzado tal gravedad que el defensor de derechos humanos Óscar Loza Ochoa advierte sobre una crisis de derechos humanos en toda regla. “Podemos hablar más o menos con precisión hasta el fin de semana de 227 (casos de desaparición forzada), pero la cifra negra, de por sí en tiempos normales, entre comillas, era difícil, en esta ola de violencia pues es mucho más difícil. Traíamos ya la crisis humanitaria con homicidios, desapariciones y desplazados, pero con esto se profundiza”, afirma Loza Ochoa.
Las y los ciudadanos enfrentan la desaparición de sus seres queridos, el desplazamiento forzado y la constante incertidumbre, lo que hace de Sinaloa una de las regiones más violentas y olvidadas de México.
El Estado ausente
Ante la falta de una respuesta contundente por parte de las autoridades —tanto para frenar la violencia, como para atender las denuncias de desaparición—, las familias se han refugiado en las redes sociales para buscar y difundir información. Las fichas de búsqueda que circulan en internet son una prueba viva de la desesperación y del vacío dejado por el Estado.
Isabel Cruz, de Sabuesos Guerreras, resume este sentimiento de frustración: “Deseamos que nunca más nadie sepa lo que es tener una silla vacía en casa, queremos que todos regresen como sea, pero que los regresen. Las familias no tenemos la culpa de andar penando, buscando a un familiar entre los montes”.
La crisis en Sinaloa, con epicentro en Culiacán, refleja el horror de la violencia. Una violencia que cae directamente sobre las y los ciudadanos. Pero, en medio de un escenario tan desolador, también se alza la fortaleza de quienes luchan, día tras día, por la justicia y la memoria de sus desaparecidos.
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