Cada año, miles de hectáreas de bosques y áreas naturales se consumen por el fuego. La narrativa oficial suele señalar el cambio climático, descuidos humanos o condiciones extremas de calor. Pero hay un factor del que se habla poco y que es imposible ignorar: en demasiados casos, después del incendio llegan las constructoras, el cemento y las inmobiliarias.
El negocio es tan sucio como predecible. Un incendio convierte un bosque protegido en cenizas, y lo que antes era intocable por su valor ecológico, de pronto se vuelve “aprovechable” para el desarrollo urbano. A los pocos meses –o incluso semanas– del desastre, comienzan a aparecer permisos de cambio de uso de suelo y proyectos inmobiliarios donde antes había árboles centenarios, vida silvestre y un ecosistema que tardó siglos en formarse.
¿Accidente o estrategia?
Aunque no siempre se puede comprobar la intencionalidad de los incendios, las cifras y los patrones cuentan una historia alarmante. En México, en estos nueve últimos años la Conafor registró 62 mil 441 incendios forestales en todo el país, en los que 31 mil 976 fueron provocados para el cambio de uso de suelo, por cazadores, litigios, rencillas, tala ilegal, vandalismo, y el uso agropecuario.
“Lo que antes eran bosques o matorrales, ahora están llenos de fraccionamientos. La gente está subiendo a las laderas, los montes y están ocupando áreas que eran boscosas, (pero) para poder quitar todo eso el uso del fuego es mucho más fácil que primero meter maquinaria, porque es más caro”, explica Arturo Aguirre, especialista en desarrollo forestal y coordinador de Mef Bosques.
La falta de leyes efectivas
Aunque la ley prohíbe expresamente esta práctica, en la realidad sigue ocurriendo sin consecuencias. El artículo 97 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece que no se puede autorizar el cambio de uso de suelo en terrenos donde la cobertura forestal haya sido destruida por incendios, tala o desmonte, hasta que hayan pasado al menos 20 años. Sin embargo, esta regulación no se aplica en la práctica.
“Normalmente es para cambio de uso de suelo, ya, inmediatamente, porque en 20 años se puede regenerar bastante el ecosistema. El problema es que no se aplica. Y no es tanto que se podría decir que es tal instancia o tal político, tal persona que no la aplica, sino que no hay un mecanismo”, explica el especialista Cristoph Neger.
Uno de los principales vacíos en la aplicación de esta norma es la falta de un registro oficial de terrenos incendiados. Cuando una solicitud de cambio de uso de suelo llega a la Semarnat o a los ayuntamientos, no cuentan con una base de datos que les indique si el terreno en cuestión fue afectado por un incendio reciente. Como resultado, los permisos se conceden sin ninguna restricción, permitiendo que los desarrollos inmobiliarios avancen sobre áreas que deberían estar en proceso de recuperación ecológica.
En otras palabras, la ley existe, pero sin un sistema de control y seguimiento, es prácticamente letra muerta.
Recortes presupuestales
A ello se suma la falta de presupuesto, para que instituciones a cargo puedan manejar la situación. Con menos recursos, la capacidad de respuesta ante los siniestros se ha debilitado, dejando miles de hectáreas a merced del fuego.
Un análisis del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) revela cómo, en menos de una década, el presupuesto de Conafor ha sufrido recortes drásticos. En 2015, la dependencia contaba con 7,743 millones de pesos, pero la cifra se desplomó con los años: 3,813 millones en 2017, 2,765 millones en 2019, y 2,939 millones en 2023, hasta llegar a 2,672 millones de pesos en 2024.
El impacto de estos recortes ha sido devastador. Menos personal, menos combustible, menos equipamiento. Además, la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), que antes permitía responder de manera ágil y eficaz a este tipo de siniestros, ha empeorado la situación.
Cuando el fuego es dinero, nadie quiere apagarlo
El problema no es solo la destrucción de la naturaleza o la gentrificación forzada de comunidades, sino la complicidad de autoridades que permiten que esto suceda una y otra vez. Si existieran regulaciones firmes que impidieran la urbanización de áreas incendiadas, el negocio perdería sentido.
Pero mientras los incendios sigan siendo un camino rápido para cambiar el uso de suelo y generar millones en desarrollos inmobiliarios, habrá quienes sigan viendo en las llamas no una tragedia, sino una oportunidad.
No podemos normalizar que donde antes había un bosque, ahora haya un fraccionamiento de lujo. Que donde antes corría un río, ahora haya una plaza comercial. Porque cada incendio que no se investiga, cada permiso de construcción otorgado sin escrúpulos, es una sentencia de muerte para el medio ambiente.
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