Por fin, una condena. Pero la justicia digital en México todavía está en pañales. El 14 de mayo de 2025 se emitió una sentencia que sacudió al ámbito judicial: Diego “N”, exalumno del IPN, fue condenado a cinco años de prisión por el delito de trata de personas en su modalidad de almacenamiento de pornografía infantil.
La lectura de la sentencia se realizó el pasado miércoles, y con ello se cierra (al menos parcialmente) un caso que lleva meses siendo ejemplo de todo lo que falta legislar sobre violencia digital y uso indebido de inteligencia artificial.
Detención de Diego ‘N’
Diego fue detenido en octubre de 2023, tras ser encontrado en el campus de la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) con más de 166 mil imágenes y 20 mil videos alterados digitalmente —algunos manipulados con IA— en su dispositivo. El 40% del contenido estaba vinculado a alumnas del IPN, de entre 17 y 25 años. No se trataba solo de una violación a la privacidad: era una operación sistemática de explotación digital.
Aunque fue absuelto en diciembre de 2024 del delito contra la intimidad sexual (sí, el que tipifica la Ley Olimpia), por falta de “elementos suficientes”, la Fiscalía capitalina no quitó el dedo del renglón. Le dio la vuelta: lo acusó de almacenamiento de pornografía infantil, un delito que se persigue de oficio. Y esta vez, sí hubo castigo.
Sentencia de Diego ‘N’
La sentencia incluye cinco años de cárcel sin beneficios penales (nada de conmutación ni reducción) y una multa de 103 mil 740 pesos. A simple vista, parece que se hizo justicia. Pero para las víctimas y su abogada, Valeria Martínez, esta no es la sentencia que más deseaban.
La verdadera batalla era por el delito de violación a la intimidad sexual. ¿Por qué? Porque ahí es donde radica el fondo del problema: el uso de IA para generar imágenes sexualizadas falsas de mujeres sin su consentimiento.
“El hecho de que se haya logrado una sentencia condenatoria cambia toda la dinámica y todo el estigma de que Diego era un preso inocente”, declaró Martínez. La defensa de Diego, su madre y colectivos como “No más presos inocentes” aseguraban que las acusaciones eran parte de una persecución judicial. Hoy, ese discurso se tambalea.
Diego ‘N’: Un caso que evidencia el rezago legal
Este juicio es el primero en México en condenar a alguien por violencia digital utilizando inteligencia artificial. Y aunque eso lo vuelve pionero, también expone una verdad incómoda: nuestras leyes no están listas para esta nueva realidad.
La Ley Olimpia fue un avance enorme. Tipificó como delito la difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Pero no prevé aún con claridad casos de “deepfakes” ni la generación de contenido falso mediante IA. Por eso Diego no fue condenado por violar la intimidad, sino por almacenamiento de material con contenido sexual infantil. Un giro legal que sirvió para condenarlo, sí, pero que deja abierta la discusión sobre la necesidad urgente de actualizar el marco jurídico.
Además, este tipo de violencia no es aislado. Según el Informe de Violencia Digital de 2022, el 72.3% de las víctimas de agresores digitales tienen escolaridad universitaria y casi la mitad son estudiantes. Las universidades, como el IPN, se están convirtiendo en el escenario principal de una guerra silenciosa: la que se libra en la nube, los chats privados y las carpetas ocultas.
Justicia lenta, pero que empieza a moverse
La abogada Martínez reveló que la apelación contra la absolución por el delito de intimidad sexual, interpuesta en diciembre, apenas fue aceptada cinco meses después. También confirmó que hay otras siete carpetas abiertas contra Diego, por hechos similares. Algunas, apenas retomadas en abril.
Las activistas y colectivas han sido claras: cinco años no bastan. No solo por la magnitud del daño causado, sino por lo que representa dejar impunes los delitos que no se alcanzaron a tipificar correctamente.
¿Qué mensaje se le da a otros agresores digitales? ¿Qué herramientas reales tienen las víctimas para proteger su identidad en la era de los deepfakes? Sí, se sentó un precedente. Pero no se hizo justicia completa.
Un punto de partida, no un cierre
El caso de Diego “N” no es solo un juicio complicado. Es la radiografía de un sistema que intenta adaptarse a la velocidad del abuso tecnológico, pero que aún camina con pasos torpes. No es un episodio cerrado, sino una advertencia: necesitamos un aparato judicial que esté dispuesto a entender el daño digital como daño real.
Porque mientras no se legisle con claridad sobre el uso de IA para crear contenido sexual sin consentimiento, seguirán existiendo agresores como Diego. Y seguirán existiendo víctimas que, con suerte, encontrarán justicia… algún día.
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