Un tribunal de enjuiciamiento estatal declaró culpables a los 10 hombres que fueron detenidos en ese predio de Teuchitlán en septiembre de 2024, por su participación en delitos de homicidio calificado y desaparición cometida por particulares.
Aunque la pena exacta todavía no se anuncia, los tres jueces del tribunal colegiado ya confirmaron que hay responsabilidad penal. Es una decisión que, aunque esperada por muchas familias, sigue sin responder por completo al horror que representa el rancho Izaguirre en la historia reciente de México.
Detenidos en el rancho Izaguirre de Teuchitlán
La historia comenzó el 18 de septiembre de 2024, cuando una llamada anónima al sistema de videovigilancia C5 alertó a las autoridades sobre actividades sospechosas en el rancho Izaguirre. Elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar, pero fueron recibidos a tiros. A pesar del ataque, lograron ingresar y detuvieron a 10 hombres: Lennin, David, Gustavo, Christopher, Juan, Óscar, Erick, Luis, Ricardo y Armando.
Dentro del rancho encontraron a dos personas secuestradas y a un hombre muerto con una lesión craneoencefálica. Los detenidos fueron entregados a la Fiscalía de Jalisco, junto con las evidencias halladas en el predio. Pero eso fue apenas la punta del iceberg.
Un rancho manchado de omisiones y terror
Desde ese día, el rancho Izaguirre se convirtió en un punto clave en la crisis de desapariciones en México. No solo por lo que se encontró, sino por lo que no hizo la Fiscalía de Jalisco.
En palabras del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, la fiscalía estatal falló en todo: no procesó los vehículos hallados (varios fueron robados después), no inspeccionó la zona, no tomó declaraciones, ni hizo un rastreo profundo del terreno. Tampoco identificó huellas, ni investigó la propiedad del rancho o posibles vínculos con autoridades locales.
Esta cascada de omisiones dejó el rancho abandonado… al menos hasta que llegaron los colectivos.
Guerreros Buscadores de Jalisco denuncian campo de exterminio en Rancho Izaguirre
El 5 de marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco entró al rancho, que seguía “asegurado”. Lo que encontraron fue un catálogo del horror: más de 1,300 objetos, entre ellos 154 pares de zapatos, 140 cobijas, 18 maletas y fragmentos óseos. Todo en medio de polvo, tierra y olvido.
El hallazgo activó las alarmas de colectivos de todo el país, que viajaron a Jalisco con la esperanza de reconocer prendas o hallar indicios sobre sus familiares desaparecidos. En un país con más de 129 mil personas no localizadas, Teuchitlán se convirtió en símbolo de esperanza… y de terror.
¿Centro de reclutamiento o de exterminio?
La narrativa oficial ha sido confusa y contradictoria. Mientras colectivos y familiares apuntan a que el rancho fue un sitio de tortura y cremación clandestina, la FGR y la administración federal se han resistido a reconocerlo como tal. El fiscal Gertz Manero citó un informe testado de la UNAM que concluye que no hubo temperaturas “arriba de 200 grados”, lo que —según él— descarta que haya sido un “centro de cremación”.
Aun así, tanto la FGR como el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, han reconocido que sí hubo torturas y asesinatos en el lugar, y que el sitio fue usado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como un centro de reclutamiento forzado y retención de víctimas. El rancho operó de 2021 a 2024.
Uno de los giros más oscuros del caso llegó con la detención del alcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía. Según la denuncia de la FGR, el edil colaboraba directamente con el CJNG, recibiendo 70 mil pesos mensuales por sus servicios. Se le acusa de ayudar en la captura de nuevas víctimas, participar en reuniones con líderes del cártel, y hasta de haber arrojado restos humanos en una zanja del rancho Izaguirre.
Este caso se volvió un parteaguas en la administración de Claudia Sheinbaum, que asumió la presidencia con una herencia pesada en materia de desapariciones. Tras los hallazgos en Teuchitlán, el gobierno federal anunció una serie de reformas a la Ley de Desaparición, aunque fueron rechazadas por gran parte de los colectivos de víctimas, al considerarlas impuestas y sin consulta previa.
La condena de los 10 hombres detenidos en el rancho Izaguirre representa un paso importante, pero no es suficiente. El país sigue cargando una cifra dolorosa de desapariciones, y los vacíos de justicia se multiplican en cada estado. Lo que pasó en Teuchitlán es una llamada de atención que, ojalá, no vuelva a quedar en el abandono institucional.
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