Durante la madrugada de este viernes 5 de diciembre, el Senado aprobó la nueva Ley General de Aguas junto con una reforma a la Ley de Aguas Nacionales, tras un extenso debate entre los diferentes partidos opositores, el cual concluyó con el envío del proyecto de decreto al Ejecutivo Federal para su publicación.
El objetivo señalado por la cámara legislativa es fortalecer la transparencia y combatir el uso indebido de las aguas nacionales. Dichas modificaciones han sido fuertemente criticadas no solo por la oposición política, sino también por los campesinos que han salido a manifestarse en contra de esta ley por la pérdida de valor en sus tierras y los derechos heredables.
Senado aprueba la nueva Ley General de Aguas vía fast track a pesar del descontento y las fuertes críticas
Después de 24 horas llenas de intensidad y incertidumbre, el Senado de la República turnó al titular del Ejecutivo Federal la reforma que expide la nueva Ley General de Aguas, así como reformas a la Ley de Aguas Nacionales, la cual fue aprobada en lo general y en lo particular con 85 votos a favor y 36 en contra vía fast track, luego de una fuerte sesión de debate en donde Morena acusó a los pasados gobiernos del PRI y el PAN de dilapidar este recurso.
Estos partidos opositores, junto con MC, señalaron que esta reforma busca ser una forma de “control político” hacia los ganaderos, campesinos y agricultores por parte del oficialismo, señalando que la administración de Morena y sus aliados había traicionado al campo y secuestrado el agua del país.
De acuerdo con el dictamen, la nueva Ley General del Agua, junto con la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, limita la transmisibilidad de concesiones y asignaciones, señalando que solo habrá reasignación en casos de compraventa de propiedad, herencias o fusiones, la cual deberá resolverse en un máximo de 20 días hábiles. Además, los concesionarios podrán solicitar una prórroga de hasta tres años antes del vencimiento y no seis meses antes de la expiración.
¿Qué establece la nueva Ley General de Aguas y por qué es tan importante?
Con la reciente aprobación del Congreso en la Ley General de Aguas y la reforma en la Ley de Aguas Nacionales, se reconoce el agua como un derecho humano y un bien estratégico, lo cual obliga al Estado a tener control total sobre su gestión, basada en una norma que centraliza en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la facultad exclusiva para otorgar, supervisar, modificar, revocar y asignar concesiones y permisos sobre este recurso.
Con esta ley, ningún actor privado puede administrar o negociar derechos de agua sin autorización gubernamental, en donde uno de los cambios más relevantes es para el sector agrícola y productivo, al cual ya no se le permitirá transferir concesiones entre particulares. Además, dichas concesiones que dejen de utilizarse o de las que se haya hecho mal uso deberán ser regresadas al control del Estado, que decide si las reasigna o las extingue.
¿Qué pasará con las tierras agrícolas que incluyen derechos de agua y cuáles son las sanciones para el mal uso de este recurso?
Una de las principales inquietudes de productores y compradores de tierras es lo que ocurrirá con los predios que contienen títulos de agua, ya que, de acuerdo con autoridades federales, las tierras pueden venderse, heredarse o donarse, pero la concesión de agua no se transferirá de manera automática, ya que quien adquiera la propiedad deberá solicitar a Conagua la asignación del volumen correspondiente y garantizar que será destinado al mismo uso y lugar.
Con esta nueva ley general y la reforma sobre el uso del agua, el sector agrícola se mantiene como uno de los grupos más preocupados, en donde hasta el momento han señalado tres principales inquietudes: el temor a perder derechos históricos, la incertidumbre sobre la reasignación del agua y el rechazo a la eliminación de la transferencia de concesiones, junto con las elevadas multas y penas para quienes hagan mal uso del recurso.
¿Qué es lo que sigue tras la reciente aprobación final del Senado?
Con el aval del Senado de este viernes 5 de diciembre, el dictamen pasará al Ejecutivo Federal para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación, en donde a partir de este momento iniciará la instalación del Registro Nacional del Agua, la revisión de concesiones vigentes y la transición de trámites, incluyendo las nuevas solicitudes y procesos de regulación.
Ante estas nuevas pautas, Néstor Carillo, senador de MC, indicó que esta ley no devuelve el agua al pueblo, sino que la centraliza en el gobierno, mientras que el dirigente de este partido, Jorge Álvarez Máynez, señala que la propuesta carece de mecanismos claros y que su bancada va en contra de esta ley, además de asegurar que veremos una crisis hídrica en México durante los próximos años.
Es importante reconocer que el problema no afecta únicamente a los campesinos y productores, ya que esta ley y su reforma también pueden impactar el acceso al agua potable y a un saneamiento digno para las viviendas en México, generar inseguridad jurídica y, sobre todo, propiciar la concentración total de un recurso tan importante como el agua en manos del gobierno, lo cual ya es suficientemente preocupante.
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