El poder que tiene el crimen organizado en México es verdaderamente sorprendente. Aun cuando las autoridades han estado señalando una baja en el número de homicidios en México, secuestros y demás acciones violentas, la realidad detrás de todo esto es que aún nos seguimos enfrentando a miles de casos de personas desaparecidas en México y reclutamiento forzado.
Actualmente se estima que hay más de 183 mil personas reclutadas por cárteles mexicanos y lo peor es que muchas de ellas llegan a ser menores de edad reclutados por el narcotráfico que, al prometerles una vida llena de lujos, poder y comodidades, se prestan para ser parte de estas organizaciones.
El poder de reclutamiento que tienen las organizaciones criminales en México
El matemático Rafael Prieto Curiel, cuyo modelo para calcular el tamaño del crimen organizado fue retomado recientemente por la revista Nature, calcula a través de sus investigaciones que los cárteles mexicanos reúnen actualmente a más de 180 mil integrantes del crimen organizado.
Una cifra que incluso supera la plantilla laboral de trabajadores de Oxxo, la cual ya es considerada como una de las cadenas más grandes del país.
De acuerdo con el análisis de este matemático, el número de integrantes de los cárteles aumentó de 115 mil integrantes del narco en 2012 a cerca de 175 mil integrantes en 2022, pues tan solo durante el año 2021 estas organizaciones lograron reclutar a 19 mil 300 personas, de las cuales perdieron a 12 mil 200, ya sea por temas de asesinato o encarcelamiento.
Además, señaló que para que los cárteles puedan mantener su tamaño deben incorporar entre 350 y 370 personas cada semana.
Menores de edad y jóvenes son el rango más atractivo para el crimen organizado
Este crecimiento recientemente señalado corresponde a una fuerte capacidad estratégica que tienen los cárteles para poder reclutar a jóvenes que van desde los 14 a los 20 años de edad, los cuales, para poder ser tentados por este tipo de vida, reciben ofertas económicas del crimen organizado superiores a las del mercado formal o incluso a la de algunos programas sociales.
Además, la revista Nature documentó que una tercera parte de los integrantes pertenece principalmente a organizaciones como el CJNG, el Cártel de Sinaloa y La Nueva Familia Michoacana.
En nuestro país es muy fácil que estas organizaciones criminales puedan tratar de manera directa con este grupo de jóvenes, sobre todo en zonas rurales donde el nivel de atención por parte de las autoridades es mucho más bajo que en las grandes ciudades.
En muchas ocasiones estas personas son las mismas que se encuentran coludidas con el crimen organizado de la región, lo que hace aún más fácil su desaparición y reclutamiento forzado.
¿Cómo es que esto ha impactado a la economía y el registro de homicidios en nuestro país?
Basado en los estudios de Rafael Prieto Curiel, este simula distintos escenarios dentro de la política pública. Uno de ellos es el impacto económico que ha tenido en el país el hecho de que se estén duplicando las inversiones para poder atacar a los cárteles mexicanos.
El análisis ha demostrado que transferir todo el presupuesto de seguridad a programas sociales en México sí reduce un porcentaje importante del reclutamiento, pero a la vez elimina la capacidad de poder encarcelar a los criminales.
Por otro lado, si las cosas se hicieran al revés y este dinero se invirtiera únicamente para atacar y encarcelar a estos criminales, el tema del reclutamiento se dispararía. Por lo cual hoy en día no se ha logrado tener un balance favorable para poder atacar a los grupos criminales por ambas partes.
Costos excesivos para el Gobierno de México
Este modelo ha estimado que tan solo el ataque al CJNG ha generado un costo de la violencia en México de 19 mil millones de dólares anuales para el país, lo cual representa una cifra mayor de inversión que la destinada a muchas ramas de estudio como la ciencia y la tecnología.
Para poder resumir todo lo que acabamos de decir, las investigaciones demuestran que la violencia del narcotráfico en México le cuesta a nuestro país alrededor del 18% del Producto Interno Bruto de México, lo cual también incluye pérdidas directas por homicidios, lesiones y efectos indirectos como menor inversión extranjera, turismo y consumo interno por la percepción de la inseguridad.
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