Hace un año, el hallazgo del Rancho Izaguirre se convirtió en el epicentro del horror en México, con una noticia que provocó diversas reacciones a nivel internacional. Desde entonces, la investigación se ha transformado en un punto de referencia para organizaciones y asociaciones privadas que exigen justicia y piden a las autoridades que no se le dé carpetazo al caso.
Para las madres buscadoras, quienes fueron las que ingresaron y descubrieron este lugar, las miles de prendas de ropa encontradas pertenecientes a las víctimas fueron una muestra clara del sufrimiento y el horror que se vivió en el sitio.
Las prendas también hablan: colectivos familiares exigen respuestas a un año del hallazgo
A un año de haber sido descubierto el caso del Rancho Izaguirre, un proyecto periodístico busca documentar el circuito de desaparición y reclutamiento forzado en torno a este sitio.
Para ello, desde hace algunos meses se puso a disposición un formulario dirigido a los colectivos de búsqueda y a las familias de personas desaparecidas que hayan reconocido prendas u objetos pertenecientes a sus seres queridos. En este esfuerzo participan distintos medios de comunicación junto con la organización “Tejer Red”.
El objetivo de este documental es reconstruir, a partir de las prendas encontradas, los indicios y testimonios localizados en el Rancho Izaguirre, la historia de cómo llegaron estos objetos al lugar y, sobre todo, dejar claro ante las autoridades y la ciudadanía que el caso no ha quedado en el olvido, sino que existe una presión creciente para que continúen las indagatorias y no se mantengan investigaciones detenidas.
Caso del Rancho Izaguirre reabre discusión sobre lo que realmente sabían las autoridades
La última reunión formal que sostuvieron las familias buscadoras con autoridades de la Fiscalía General de la República, organismo que atrajo la investigación principal del caso y resguardó las instalaciones, se llevó a cabo el 13 de febrero de 2026.
Esto ocurrió un mes después de que el colectivo de Guerreros Buscadores de Jalisco denunciara en un comunicado que los trabajos periciales y la indagatoria habían sido suspendidos. Ese día, en oficinas de la Secretaría de Gobernación, se les explicaron las acciones realizadas durante el último año.
Raúl Servín, padre buscador e integrante del colectivo, señaló que del año transcurrido a la fecha no se perciben avances reales, pues aunque se les informó del hallazgo de nuevos indicios, no se proporcionaron mayores detalles. Para él y para las familias, esto representó una fuerte decepción al considerar que las autoridades federales podrían haber mentido sobre el progreso de las investigaciones.
Respecto a las prendas de ropa y zapatos, las autoridades indicaron que solo proporcionarían información de manera individual, caso por caso, a las familias que hubieran presentado una denuncia.
Con ello, quienes creyeran haber reconocido alguna prenda serían las únicas que podrían acudir a las instalaciones de la FGR para solicitar mayor información sobre la investigación.
Familiares y colectivos exigen a las autoridades que no cierren el caso
A un año del hallazgo, los familiares de las víctimas de personas desaparecidas piden que no se cierre el caso. Señalan que, aunque guardaron silencio durante meses para no entorpecer las investigaciones, ha llegado el momento de hacer público que estas no han avanzado como se prometió. Afirman que confiaron en las instituciones, pero lo único que han recibido es abandono, omisiones y mentiras.
A principios de 2026, el colectivo de búsqueda difundió imágenes actuales del estado del Rancho Izaguirre, el cual luce deteriorado, cubierto de maleza y sin presencia de ninguna autoridad.
También señalaron que desde septiembre de 2024, cuando ingresó la Guardia Nacional al predio, solo se ha detenido a 20 personas relacionadas con los hechos, de las cuales únicamente 10 han sido condenadas a penas de hasta 141 años de prisión, incluidas las acusaciones contra el exalcalde de Teuchitlán, Jalisco.
Aún siguen pendientes muchos más procesos por parte de las autoridades
Tanto el colectivo de Guerreros Buscadores como el de Madres Buscadoras han denunciado que, a un año del hallazgo, siguen pendientes no solo los análisis genéticos de las prendas localizadas, sino también diversos cateos en fincas similares que podrían haber funcionado como sitios de reclutamiento forzado.
Asimismo, continúan abiertas líneas de investigación derivadas de procesos judiciales y del caso de Ruth Mejía, madre que acudió a la FGR para solicitar información sobre la ropa identificada de su hija.
Los colectivos han señalado que cuentan con una lista puntual de solicitudes hechas a las autoridades, las cuales no han sido atendidas. En cada reunión, aseguran, solo se les pide paciencia, escudándose en la salida del exfiscal Alejandro Gertz Manero y en los cambios de funcionarios, peritos e investigadores.
Finalmente, los colectivos familiares afirman que estas negligencias tienen responsables claros y señalan directamente a Ricardo Flores, director del área de personas desaparecidas de la FGR, a quien acusan de negarles el acceso a la información, impedir la consulta de carpetas de investigación y minimizar las quejas presentadas ante el órgano interno de control del organismo.
Deja un comentario