Fue un 5 de abril de 2025 el día en que la forma de ver los festivales en México vino a dar un giro y, sobre todo, un significado diferente para las y los asistentes que, desde la muerte de Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, buscan tener mayores respaldos en temas de seguridad en eventos y protección ante accidentes dentro de las instalaciones.
A un año de su muerte, las familias de ambos fotógrafos han tenido que pasar por diferentes procesos legales que van de la mano de exigencias y marchas para exigir que se haga justicia en ambos casos, sobre todo en contra de las empresas organizadoras del grupo ECO y OCESA.
Un caso que desde un inicio estuvo marcado por la inconsistencia
Días posteriores a estos hechos que le costaron la vida a dos jóvenes fotógrafos que acudieron al Axe Ceremonia 2025, se informó que las autoridades capitalinas habían abierto una carpeta de investigación, en donde se logró definir tres líneas responsables de este accidente.
En primero, la responsabilidad de los operadores de la maquinaria; en segundo, la de los organizadores del evento, conocidos como Grupo Eco bajo la propiedad de Diego Jiménez Labora; y en tercero, la de las autoridades encargadas de supervisar las condiciones de seguridad.
Desde un inicio se había dado a conocer que la estructura colapsada, la cual era una grúa que había sido utilizada como soporte de adorno, no estaba contemplada en el programa de protección civil que había sido presentado previamente para poder autorizar este festival, lo cual apuntó a posibles irregularidades graves tanto en la planeación como en la ejecución del evento.
Diecinueve días después de este acontecimiento se dio a conocer que se habían realizado más de 35 entrevistas y 20 peritajes técnicos para poder reconstruir los hechos ocurridos.
Investigaciones y procesos judiciales que han tenido varios obstáculos legales para los familiares
El proceso de investigación de este caso recayó de manera directa en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la cual fue la que imputó durante los primeros momentos a tres empresas.
Operadora Eclectic, quien era la administradora del parque en donde se llevó a cabo el festival; la agencia de los socios organizadores del evento, junto con O.N Producciones Creativas; y ocho personas más, entre las cuales se encontraba el encargado de la protección civil en el festival.
Previamente se dio a conocer el nombre de otras tres empresas que se sumaron a la lista de responsables, las cuales corresponden principalmente a Ocesa y Seguridad Privada Lobo, en donde la FGJ CDMX reconoció formalmente que estas se encontraban en la calidad de imputadas desde el pasado 14 de enero de 2026.
Es decir, que tuvieron que pasar más de nueve meses de gestiones y reclamos por parte de los familiares de las víctimas, que hasta la fecha siguen exigiendo justicia.
Cabe señalar que estas empresas han sido señaladas por su responsabilidad en la organización, producción y seguridad del evento, donde fue que ocurrió el colapso que terminó con la vida de ambos fotógrafos, un “accidente” que, a pesar de haberles cobrado la vida, las autoridades dejaron que el festival siguiera su pulso sin respetar la muerte de ambas personas.
Hasta el día de hoy el caso sigue abierto y sin detenidos o culpables
A finales del mes de enero de este año, la familia de Berenice Giles denunció nuevas irregularidades en el proceso penal por la muerte de ambos fotógrafos en el festival Axe Ceremonia, en medio de una manifestación en CDMX.
Familiares y amigos salieron a exigir justicia frente a los juzgados de distrito en materia penal de la CDMX, pues, bajo las declaraciones del abogado de la familia de Berenice, Fabián Victoria, explicó que ambas empresas, tanto Ocesa como la de Seguridad Privada Lobo, habían recurrido a la vía judicial para buscar un amparo legal antes de que existiera un acuerdo formal con el ministerio público.
El representante legal de la familia de Berenice acusó a ambas empresas de intentar confundir a la opinión pública respecto a su situación jurídica dentro del caso, agregando que mediante un “juego de palabras” ambas empresas han estado señalando que no tienen calidad de imputadas.
Lo cual hace aún más difícil que las familias tengan acceso a la justicia para víctimas por la muerte de ambos jóvenes. A doce meses del accidente, ambas familias continúan exigiendo transparencia en el caso, así como la aplicación de sanciones a los responsables.
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