El gobierno de China ha dado un paso decisivo en contra de los influencers que hablen acerca de temas específicos sin contar con alguna acreditación o certificado que los respalde sobre el tema que buscan difundir a sus seguidores en redes sociales. Con estas nuevas regulaciones, los creadores de contenido tendrán que demostrar títulos académicos antes de publicar sobre temas profesionales. ¿Te imaginas que esta estrategia sea implementada en México?
Un estudio de Statista y Capgemini demostró que en México existe un estimado de 1.97 millones de influencers activos alrededor de los 32 estados de la República. Recientemente han salido a la luz muchos casos en los que hasta el gobierno del país recurre a los creadores de contenido para hablar acerca de temas médicos y otras áreas, tal y como lo haría un profesional estudiado, pero con la gran diferencia de que solo están leyendo un guión previamente diseñado sin siquiera saber la veracidad de lo que están hablando.
Las nuevas reglas para los influencers como una medida preventiva sobre la desinformación
Durante los últimos días se dio a conocer la noticia de que el gobierno Chino había aprobado nuevas regulaciones que obligan a los creadores de contenido digital a demostrar formación profesional en diferentes áreas como la medicina, el derecho, las finanzas y la educación, antes de que se publique información sobre estos temas. Estas nuevas implementaciones tienen como objetivo reducir la desinformación en la era digital, garantizando que los usuarios reciban información verídica, confiable y de calidad.
Basado en información del Centro Nacional de Bioinformación de China, los influencers ahora deberán acreditar sus títulos universitarios o certificaciones profesionales ante las diferentes plataformas digitales en las que difundan sus contenidos, además de obligar a que las grandes empresas tecnológicas verifiquen cada una de las credenciales antes de que se publique el contenido.
Medidas preventivas con base en el fuerte crecimiento de la desinformación en China
Según un informe realizado por el National Security Bureau (NSB) de Taiwán, la cantidad de casos de información controvertida atribuida a China pasó de 1.33 millones en 2023 a 2.16 millones en 2024, un aumento preocupante del 60% que deja claro el crecimiento duplicado de casos sobre desinformación entre los usuarios por medio de plataformas digitales, donde también se reportó un gran número de cuentas falsas en TikTok, Facebook y X, utilizadas para difundir información falsa.
Derivado de estos estudios, China no solo busca regular y frenar el tema de la desinformación, sino que también suma otras medidas drásticas en contra de los streamers y creadores de contenido, las cuales regulan desde los horarios en que los jóvenes pueden estar conectados en línea hasta el tipo de contenido que debe ser difundido.
¿Estamos frente a un caso de totalitarismo o solo se trata de medidas preventivas?
Dentro de las medidas adicionales que incluye el Gobierno de China dentro del nuevo reglamento para los influencers y creadores de contenido, se encuentran las restricciones sobre todo tipo de contenido que pueda cuestionar al Partido Comunista chino, además del uso de deep fakes de líderes estatales y la posibilidad de que este tipo de publicaciones sean eliminadas en caso de que no se cumpla al pie de la letra con las indicaciones y criterios de Pekín.
Las nuevas normas por parte de China también contemplan la integridad de los menores de edad, a quienes se les ha prohibido ver transmisiones en vivo después de las 10 de la noche o gastar dinero en incentivos y donaciones a influencers, quienes también tienen prohibido difundir o hacer uso de la ostentación de bienes de lujo, el desperdicio de alimentos y el contenido sugerente.
Por último, pero no menos importante, los streamers solo podrán recibir un número limitado de donaciones diarias en cada uno de sus canales, tratando de reducir el poder que actualmente tienen las plataformas tecnológicas y mantener el control social y económico en la nueva era digital, marcando el inicio definitivo de una era con mayor control por parte del gobierno y medidas estrictas que pueden cruzar la delgada línea del derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos.
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