Impuestos y acceso a la información personal son dos sectores importantes que, para el 2026, tendrán una mayor intervención por parte del Gobierno Federal, que en cada iniciativa busca limitar y apropiarse de la información personal de los mexicanos. Estrategias en las que todos sabemos que el mejor lugar para hacerlo es la vía móvil y el acceso al mundo digital, un sector donde existe una explotación del uso de datos personales y el manejo de intereses particulares por parte del gobierno y las grandes corporaciones.
El gobierno, a cargo de la presidenta de Morena, Claudia Sheinbaum, avanzó en la creación de un nuevo registro nacional de usuarios de telefonía móvil, incluido en la Ley de Telecomunicaciones aprobada durante este mismo año. Este registro obliga a las compañías telefónicas del país a registrar la identidad de cada línea activa bajo la justificación de evitar fraudes y extorsiones.
Una idea de fracaso donde Morena sigue poniendo esperanza en donde claramente no lo hay
En 2009, el gobierno de Felipe Calderón implementó el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el cual, durante ese tiempo, no logró tener éxito y fracasó ante la nula reducción de los delitos de extorsión y fraude, dejando expuesta la información personal de millones de usuarios que, en su mayoría, fue usada por el mercado negro para facilitar los mismos delitos por los que, desde un principio, se había implementado esta idea: un arma creada por el gobierno para los delincuentes.
Doce años después, en 2021, Andrés Manuel López Obrador retomó esta propuesta e intentó instaurar el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Sin embargo, la Suprema Corte lo declaró inconstitucional al señalarlo como una violación a los derechos de privacidad, acciones que parecieron no afectar al partido Morena, pues en pleno 2025 Sheinbaum revivió el esquema, pero ahora con un ligero cambio: esta vez el Estado dejará de financiar la operación y la trasladará al costo de los concesionarios.
Suben los costos de telefonía para financiar el proyecto y los usuarios son los más afectados
A comparación de 2009 y 2021, este año el proyecto tendrá un costo superior a los 4 mil millones de pesos. Según información de Expansión y Xataka, este proceso costará tres veces más de lo que se calculó en el sexenio pasado para el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, y esto solo durante la fase inicial de verificación de identidad en la base de registro.
En palabras del actual gobierno federal, este tipo de estrategia no generará un gasto público; sin embargo, al final del día, este dinero será financiado desde el sector privado, el cual terminará saliendo del mismo lugar de siempre: así es, los propios usuarios de telefonía, que prácticamente estaremos pagando para financiar este tipo de proyectos mediante el aumento de precios en planes y recargas celulares.
Costos inevitables y más golpes a nuestro bolsillo
Aunque el gobierno federal sabía que este desenlace era totalmente inevitable, organizaciones civiles y académicos alertaron desde el primer momento en que Sheinbaum anunció su proyecto de ley en telecomunicaciones que este tipo de estrategias solo trasladaría la carga financiera a las compañías de telefonía, donde los usuarios de Telcel, AT&T y Movistar se enfrentarán a tarifas más altas para pagar un registro que no solicitaron y que, además, ya ha fracasado dos veces bajo el mismo objetivo.
Aunque el gobierno federal jura y promete que no se están creando nuevos impuestos, el aumento en los ya existentes es una manera de generar costos indirectos para los ciudadanos. Por lo tanto, si bien no existe un financiamiento público como tal, sí existe un incremento en los precios y servicios, disfrazado de una buena causa.
Durante el periodo de 2018 a 2024, el gasto de bolsillo de las familias mexicanas ha crecido un 41%, pese a la existencia de los programas del Bienestar. El acceso a consultas médicas, tratamientos y medicinas ha sido uno de los sectores más afectados, junto con el aumento de la canasta básica en el país, y todo esto en nombre de la seguridad y la prevención que Morena promueve como su bandera partidaria.
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