Mientras dormías Morena aprobó una reforma que cambiará la forma en que algunas personas pueden acabar en la cárcel. Amplió y endureció el artículo 19 de la Constitución para que la prisión preventiva automática u oficiosa sea obligatoria en más delitos. Esto implica que si alguien es acusado de ciertos delitos graves, irá directamente a prisión sin que el juez pueda analizar si realmente es necesario.
Esta reforma fue parte del paquete de cambios que López Obrador dejó para Sheinbaum, y ahora, una vez aprobada en lo particular, se enviará al Senado para su discusión y votación.
¿Cómo una persona llega a prisión preventiva en México?
Existen dos formas de que una persona termine en prisión preventiva: prisión preventiva justificada y prisión preventiva oficiosa.
Supongamos que se inicia un juicio en tu contra por algún delito, y el juez o jueza cree que hay razones para creer que puedes ser un peligro para la sociedad o existe riesgo de que te des a la fuga. El juez o jueza analiza las pruebas, el contexto, y cualquier cosa de tu caso para saber si debes o no permanecer en la cárcel durante tu juicio.
Ojo, esto no querría decir que eres culpable, simplemente es una medida preventiva, y se le llama prisión preventiva justificada. Tal cual, el juez o jueza tendría que argumentar por qué es necesario mantenerte en la cárcel y no aplicar otra medida.
Por otro lado, también existe la prisión preventiva oficiosa o automática. En esta si se te acusa de un delito vas para la cárcel. No importa si hay o no hay pruebas en tu contra; no importa que no seas un peligro para los demás; tampoco no importa que no haya elementos para creer que te vas a escapar de la justicia, simplemente vas para la cárcel y tendrías que pasar todo el largo proceso de tu juicio ahí.
¿Ves lo peligroso? Sólo imagina que un día tus vecinos reportan un robo, llaman a la policía y justo tú vas pasando por la calle, a las autoridades les pareces sospechoso o sospechosa y deciden acusarte del delito.
Y, aunque no lo hayas cometido, te dicen que eres peligro para la sociedad y que probablemente huyas, así que te mandan a prisión preventiva oficiosa, así sin más y sin tener pruebas o una investigación te van a mandar a la cárcel en lo inician todo tu juicio, aunque tome años y seas inocente. No suena justo, ¿verdad?
¿Qué propuso Morena?
La reforma que propuso amplía la lista de delitos que llevan a prisión preventiva oficiosa. Ahora, además de los delitos graves ya considerados, incluiría nuevos como:
Extorsión
Delitos relacionados con el fentanilo y otras drogas sintéticas
Contrabando y falsificación de documentos fiscales
Esto significa que una persona acusada de cualquiera de estos delitos será encarcelada automáticamente sin posibilidad de que el juez o jueza revise si es necesario o evalúe otras opciones, sin importar tampoco los detalles de cada caso. La justificación de Morena es reducir la impunidad en este tipo de delitos graves, sin embargo lejos de hacerlo aumenta el riesgo de abuso y detenciones prolongadas sin una condena de por medio.
¿Por qué esto genera tanta polémica?
Muchos cuestionan la prisión preventiva oficiosa, pues en México hay alrededor de 68,000 personas encarceladas bajo esta medida, y de estas, aproximadamente el 70% están en situación de pobreza, según datos de la organización Intersecta.
Además, el nivel de impunidad en el país es altísimo (cerca del 96%), por lo que muchxs ven a la prisión preventiva oficiosa como una forma injusta de encarcelar a personas, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad, que en su mayoría es precarizada y racializada.
Incluso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que esta medida va en contra de los derechos humanos, ya que permite que personas acusadas, pero no condenadas, sean encarceladas sin derecho a una defensa en libertad.
Para ilustrar mejor la magnitud del problema, imaginemos el caso hipotético de Juan, un ciudadano promedio sin antecedentes penales que trabaja como taxista en la Ciudad de México. Un día, mientras realiza su ruta habitual, es detenido por la policía y acusado de extorsión.
A pesar de que el caso aún no ha sido resuelto y no hay pruebas concluyentes de su culpabilidad, como esta reforma obliga a las y los jueces a ordenar prisión automática en todo los delitos contenidos en el artículo 19 constitucional, Juan deberá esperar en prisión por meses o incluso años hasta que se determine su responsabilidad, sin oportunidad de demostrar su inocencia antes del juicio.
Esto, además de afectar su vida y su trabajo, causa una serie de problemas para su familia, que depende de él económicamente. A lo largo de los meses, su reputación se ve afectada por estar en prisión, y aunque eventualmente se comprueba su inocencia, el daño emocional y social le será difícil de revertir.
¿Qué pasará ahora?
La reforma necesita ser aprobada en lo particular y luego ser enviada al Senado para que, de ahí, pase a los Congresos locales. Si se aprueba totalmente, más personas podrían ser encarceladas automáticamente por los delitos mencionados, sin la oportunidad de un análisis justo de su caso. Esto deja muchas preguntas sobre la justicia y los derechos humanos en el país.
¿Tú qué opinas? ¿Crees que esta medida realmente ayudará a reducir la impunidad o solo aumentará los abusos?
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