En un país donde los casos de feminicidio en México cada año están en aumento, las autoridades federales han presentado una propuesta de ley general para prevenir, investigar y sancionar el feminicidio, así como para reparar el daño por este delito.
Con esta propuesta se busca que cualquier situación de muerte de una mujer sea investigada a profundidad, así se trate de un “accidente” o incluso de un caso de “suicidio”, pues recordemos que en nuestro país muchos de estos casos no son investigados y solo son archivados como una muerte más sin conocer las circunstancias.
¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre la reforma de feminicidio en su presentación oficial?
La mandataria de México afirmó que esta iniciativa se trata de una reforma en la que todos estamos de acuerdo para que la muerte violenta de una mujer sea investigada como feminicidio y que en ella existan protocolos de investigación con perspectiva de género para la sanción y reparación del daño.
Parte de estas políticas también ayudarán a impulsar la creación de un registro nacional de víctimas de feminicidio, incluyendo niñas, niños y adolescentes en orfandad por estos casos, así como algunos planes integrales de protección para las mujeres sobrevivientes.
La propuesta, que será enviada a la Cámara de Senadores entre el martes y miércoles de esta semana, busca que el tipo penal homologado tenga una pena de 40 a 70 años de prisión, esto lo dio a conocer la fiscal general de la República, Ernestina Godoy FGR,.
Además de señalar que se incluirán 21 agravantes para poder aumentar la pena hasta en una mitad cuando se trate de víctimas que sean niñas, adolescentes, adultas mayores, embarazadas o con alguna discapacidad, sin dejar de lado a las mujeres periodistas, defensoras de derechos humanos y migrantes, así como cuando el daño sea cometido por servidores públicos.
Multas económicas y pérdida de derechos sucesorios hacia el agresor
La iniciativa de reforma también incluye multas que van desde los mil hasta los dos mil UMAs, junto con agravantes del delito de feminicidio entre las cuales se encuentran el hallazgo de signos de violencia sexual, delitos motivados por estereotipos o prejuicios, antecedentes de violencia contra las víctimas y contextos de asimetría de poder.
Dejando en claro que no habrá oportunidad de conmutación de la pena, libertad condicional ni amnistía, sea quien sea.
Por otra parte, también se señaló que entre las consecuencias de esta nueva reforma, el culpable perderá derechos sucesorios como la tutela, curatela, custodia y la patria potestad.
Además de ser destituido e inhabilitado para el desempeño de cualquier cargo público, lo cual cobra mayor relevancia al estar vinculado con leyes como la de8 de 8 contra la violencia, que impide a agresores ocupar este tipo de cargos.
Investigación obligatoria y sin prescripción
Uno de los ejes centrales de la nueva propuesta es que toda muerte violenta de una mujer sea investigada desde el inicio bajo la hipótesis de un caso de investigación obligatoria de feminicidio, esto con protocolos homologados en todo el país y con perspectiva de género obligatoria.
El delito deberá ser perseguido de oficio, tanto la acción penal como las sanciones y la reparación del daño serán imprescriptibles, consolidando un esquema de delito de feminicidio imprescriptible.
Este proyecto también plantea la creación y fortalecimiento de fiscalías especializadas en feminicidio, con personal certificado y capacitado, así como la intervención continua del Ministerio Público durante todas las etapas del proceso penal para evitar interrupciones en las investigaciones
Fortaleciendo también la coordinación entre instituciones de seguridad, procuración de justicia y atención a víctimas, además de establecer políticas públicas contra la violencia de género.
Reparación integral y sin revictimización
La subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencia, Ingrid Gómez Saracibar, enfatizó que la reparación del daño no se limitará solamente a una compensación económica, sino que debe ser “adecuada, efectiva, rápida y proporcional”, incorporando políticas públicas de restitución de derechos y protección para las víctimas.
En este sentido, la iniciativa también establece lineamientos para que medios y plataformas digitales respeten la dignidad de las víctimas y sus familias, evitando la difusión de imágenes o contenido explícito, reforzando la reparación integral del daño a víctimas.
La mandataria destacó que esta propuesta articula un catálogo amplio de derechos para las víctimas directas e indirectas en este tipo de casos, además de poder incluir de una manera más accesible el acceso a la verdad y justicia, atención médica y psicológica bajo el carácter de urgencia, lo que también será aplicable en casos de tentativa.
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