Esta mañana, el Gobierno de México presentó los principales puntos de la nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, una iniciativa que busca marcar un antes y un después en el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios del país.
El proyecto pretende establecer, por primera vez, un marco jurídico integral que garantice los derechos colectivos de las comunidades indígenas y afromexicanas, reconociéndolas como sujetos de derecho público y fortaleciendo su autonomía, participación y acceso a la justicia.
Una ley que busca reconocer derechos colectivos
El proyecto fue presentado durante la conferencia matutina, La Mañanera, por el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, quien explicó que esta iniciativa surge a partir de la reforma al artículo 2 constitucional, publicada el 30 de septiembre de 2024.
El funcionario detalló que la nueva legislación busca reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, otorgándoles personalidad jurídica y patrimonio propio.
Además, señaló que el proyecto contempla beneficiar a 69 pueblos indígenas, un pueblo afromexicano y 16 mil 728 comunidades registradas oficialmente.
En conjunto, esto representa una población estimada de 25.8 millones de personas, equivalente al 20.5 % de la población nacional.
Meses de trabajo para la elaboración de esta iniciativa
La iniciativa de protección a los pueblos originarios será sometida a una consulta nacional antes de ser enviada al Congreso de la Unión, con el objetivo de incorporar las opiniones y propuestas de las comunidades involucradas.
Asimismo, las autoridades federales señalaron que la elaboración de esta propuesta requirió meses de trabajo coordinado entre diversas instituciones.
De acuerdo con la información dada a conocer por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, se realizaron 148 reuniones con la participación de 35 dependencias federales, además del acompañamiento de especialistas y del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas.
La iniciativa no solo contempla aspectos relacionados con la identidad cultural, sino también temas como la participación política, el acceso a recursos públicos, la protección contra la discriminación y la defensa jurídica de las comunidades.
¿Cuáles son los ocho puntos principales de esta iniciativa?
Además de todo lo anterior, esta nueva iniciativa de protección contempla ocho ejes que abarcan distintos ámbitos de la vida comunitaria y que buscan establecer reglas más claras para la protección de los pueblos indígenas y afromexicanos:
- Primer eje: establece el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público.
- Segundo eje: está relacionado con la libre determinación y autonomía de las comunidades.
- Tercer eje: se enfoca en el reconocimiento de los pueblos y comunidades afromexicanas.
- Cuarto eje: está dirigido a las mujeres, niñas, niños, adolescentes y juventudes indígenas y afromexicanas.
- Quinto eje: contempla la protección de personas migrantes, personas adultas mayores y personas con discapacidad.
- Sexto eje: está dedicado a la consulta y consentimiento libre, previo e informado, con el fin de que las comunidades participen en decisiones administrativas o legislativas que las afecten.
- Séptimo eje: propone mecanismos de coordinación entre la federación, estados y municipios.
- Octavo eje: aborda las responsabilidades, sanciones y el juicio de amparo indígena y afromexicano.
Esta iniciativa representa un cambio importante en el marco jurídico mexicano, ya que busca reunir en una sola legislación derechos que históricamente han sido discutidos de manera fragmentada.
Por ello, la propuesta ya es considerada como una de las más relevantes y ambiciosas de la administración de Claudia Sheinbaum, al plantear un nuevo esquema de reconocimiento, protección y garantía de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos en México.
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