El caso de Segalmex, Seguridad Alimentaria Mexicana, ha emergido como uno de los mayores escándalos de corrupción en el sexenio de Andres Manuel López Obrador. Se trata de un fraude que involucra 9,500 millones de pesos mexicanos, afectando a Liconsa y Diconsa, dos de los principales programas de distribución de alimentos del gobierno. 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha señalado graves irregularidades, incluyendo contratos fantasma, sobreprecios, y un posible desvío de recursos a través de intermediarios corruptos. La magnitud del caso ha provocado la denuncia de 156 personas, de las cuales 47 fueron investigadas y 26 vinculadas a proceso penal (9 servidores públicos, 7 particulares y una persona detenida en Argentina).

Las raíces del problema

Segalmex fue creado en 2019 con la misión de garantizar la seguridad alimentaria en México, especialmente en las comunidades más vulnerables. Sin embargo, lejos de lograr su propósito, en un tiempo sorprendentemente corto se ha convertido en el foco de múltiples denuncias por corrupción y mal manejo de recursos. 

Durante las auditorías de 2019 y 2020, se descubrieron múltiples anomalías, incluyendo la desaparición de millones de pesos destinados a la compra y distribución de leche, maíz, y otros alimentos esenciales. Se presume que el fraude también involucró la compra de bonos en mercados financieros con fondos públicos, lo que habría facilitado el desvío de recursos.

Además, una de las investigaciones más avanzadas no sólo señala que las anomalías pudieron haber comenzado desde el primer año de gobierno de López Obrador, sino también dio a conocer otro esquema de desvío: existían una nómina paralela de 400 personas que cobraban sin trabajar.

La respuesta de AMLO

El presidente López Obrador en repetidas ocasiones ha señalado que no habrá impunidad para los corruptos; pero Ignacio Ovalle, exdirector de Segalmex, no tiene abierta ninguna carpeta de investigación. Durante tres años dirigió Segalmex, ¿y nunca se dio cuenta de un desvío millonario de dinero? 

Roberto Salcedo, secretario de la Función Pública (SFP), informó que el daño patrimonial del caso Segalmex asciende a 2 mil 700 millones de pesos, además que todavía están en proceso de análisis otros 2 mil 100 millones de pesos. A medida que continúan las investigaciones, la atención pública sigue centrada en si realmente se hará justicia o si se sumará a la larga lista de escándalos impunes en la historia política de México.