El caso de Diego “N”, el exalumno del IPN acusado de alterar y difundir fotos íntimas de sus compañeras usando inteligencia artificial, dio un giro que dejó a muchas personas indignadas. Este miércoles, después de una audiencia maratónica de más de cinco horas, un juez decidió absolverlo porque, según él, “no había pruebas suficientes” para demostrar que era culpable de los delitos contra la intimidad sexual de dos de las ocho chicas que lo denunciaron.
El fallo ha provocado una ola de indignación y deja en el aire una pregunta incómoda: ¿qué tan preparado está el sistema judicial para enfrentar los delitos digitales?
¿De qué se le acusa a Diego “N”?
El caso de Diego “N” es bastante grave. Fue detenido en 2023 con una tablet que contenía más de 166,000 fotos pornograficas modificadas con IA, 20,000 videos y compilaciones de imágenes reales y alteradas, al menos 40% eran de alumnas del Politécnico, de entre 17 a 25 años.
Según las investigaciones, este material sexual se compartía y vendía en grupos de Telegram, donde operaba una red de difusión de contenido no consensuado dentro del IPN desde hacía al menos seis años.
A pesar de las pruebas y del contexto de vulnerabilidad de las víctimas, el juez consideró que no se podía demostrar la participación directa de Diego en el delito. La sentencia deja a las jóvenes no sólo con un sentimiento de injusticia, sino también con el temor de que estos casos sigan ocurriendo y quedando impunes.
“No es justicia, es complicidad”
La frustración de las víctimas y activistas se sintió fuera del Reclusorio Oriente. Una de las activistas expresó: “El sistema judicial ha fallado, no sólo a nosotras sino a todas las mujeres que han sido vulneradas en el ámbito digital. Esta sentencia absolutoria no es justicia, es complicidad. Es la viva representación del pacto patriarcal. Somos víctimas de un sistema que protege a los agresores y revictimiza a quienes denunciamos”.
Valeria Martínez, abogada de las jóvenes, anunció que apelarán la decisión y que esta batalla legal no ha terminado. Además, recordó que seis víctimas más siguen esperando que sus casos lleguen a juicio. Por otro lado, Diego “N” continúa en prisión preventiva por otro delito: posesión de pornografía infantil, un cargo que todavía está bajo investigación.
De acuerdo con un Informe Violencia Digital, de los perfiles de agresores y sobrevivientes de violencia sexual digital, 72,3% de las víctimas de agresores sexuales tienen escolaridad universitaria, de las cuales 48,7% son estudiantes.
¿Qué pasa con las y los legisladores?
Las víctimas no sólo han tenido que lidiar con la violencia digital, sino también con un proceso legal que no comprende completamente el impacto de estos crímenes.
En lugar de perder el tiempo en debates políticos para modificar el Poder Judicial, o desaparecer órganos autónomos, quizá nuestras y nuestros legisladores deberían estar trabajando en leyes que regulen el uso de la inteligencia artificial y protejan a las víctimas de este tipo de violencia.
Una revolución necesaria
El fallo ha sido un balde de agua fría para las víctimas, pero no las detendrá. Olimpia Coral Melo, activista y creadora de la ley que lleva su nombre, se solidarizó con las jóvenes y dejó claro que la lucha sigue: “no hubo justicia. Habrá revolución”.
Las palabras de Olimpia reflejan el cansancio de miles de mujeres que han sido violentadas de diversas formas y que, al buscar justicia, sólo encuentran puertas cerradas.
¿Hasta cuándo vamos a normalizar que las mujeres sean las principales víctimas de la tecnología? El problema real no es la IA, es cómo se usa. Y si seguimos permitiendo que los vacíos legales beneficien a los agresores, ¿quién nos protegerá cuando la tecnología sea usada para vulnerar a cualquiera de nosotras?
Deja un comentario