Este 3 de julio, el profesor Esteban Canchola fue sentenciado a seis meses de prisión —la pena mínima— por el delito de omisión de auxilio, tras la trágica muerte de su alumno Martín Damián en octubre de 2023. El caso ha sacudido no solo a la comunidad docente de Mexicali, sino a todo el país, pues expone una realidad dolorosa: en México, enseñar puede costarte la libertad, mientras el poder político sigue blindando a los suyos.
¿Qué pasó con Martín Damián?
El 30 de octubre de 2023, Martín Damián, de apenas 10 años, se golpeó la cabeza mientras jugaba fútbol en la primaria “Eucario Zavala”. Horas después, el profesor Esteban fue notificado por el propio niño de un fuerte dolor de cabeza.
Según la defensa, el maestro siguió el protocolo escolar: avisó a los padres y entregó al menor, quien fue trasladado a la Clínica de Especialidades Internacional, afiliada al seguro escolar. El niño fue dado de alta a pesar de presentar vómito, un síntoma grave. Horas más tarde, Martín perdió el conocimiento y al día siguiente fue diagnosticado con muerte cerebral.
Para los padres, hubo una omisión del maestro. Para compañeros y exalumnos de Esteban, el profesor actuó como debía, siguiendo los lineamientos oficiales. Aun así, fue declarado culpable y sancionado con seis meses de prisión, aunque con beneficio de firma mensual, sin pisar la cárcel.
El Estado criminaliza a quien educa
La sentencia contra Esteban Canchola deja en evidencia una verdad incómoda: las escuelas en México no están equipadas para atender emergencias. No hay médicos, enfermeras, paramédicos ni personal psicológico en los planteles. Y aún así, se espera que un maestro reaccione como un profesional de la salud sin haber recibido ninguna capacitación para ello.
La política educativa impulsada bajo la Nueva Escuela Mexicana exige que el personal notifique a la dirección y a las familias. Eso hizo el maestro. Pero cuando el sistema falla, el Estado prefiere culpar al eslabón más débil: el docente.
Negligencia médica y vínculos de poder
Mientras a Esteban se le condena por omisión, nadie ha tocado a quienes sí tuvieron la oportunidad médica real de salvar la vida de Martín Damián. La clínica que atendió al menor pertenece a David Cervantes Torres, padre del actual Oficial Mayor del Gobierno del Estado, David Ramsés Cervantes Aguilar, cercano a la gobernadora Marina del Pilar Ávila.
Según investigaciones de Los Ángeles Press e Infosavia, el expediente clínico fue manipulado. En una versión entregada a la Fiscalía se decía que “se niega vómito en proyectil” (síntoma claro de traumatismo grave), mientras que en otra —revisada en el Palacio de Gobierno— la frase “se niega” desapareció. Esa pequeña alteración cambió todo: de haber sido atendido con una tomografía a tiempo, el niño pudo haber sobrevivido.
A la fecha, el médico tratante no ha sido judicializado, y la Comisión de Arbitraje Médico se negó a emitir un dictamen por “expediente incompleto”. ¿Por qué? Porque la clínica ocultó información clave. ¿Y quién pagó? El maestro.
Castigo al que menos poder tiene
Esteban Canchola, maestro con más de una década de experiencia, también era coach de fútbol americano, querido por su comunidad. Pero hoy carga con una condena injusta por cumplir un protocolo deficiente, por no ser médico, por no tener poder, por enseñar.
El mensaje es brutalmente claro, si eres funcionario, el Estado te protege. Si eres maestro, te deja solo.
El caso de Esteban no es aislado, sino reflejo de una realidad nacional. La educación en México se sostiene en condiciones precarias, sin respaldo institucional y con una estructura que culpa al docente mientras el Estado se deslinda.
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