En los últimos días, la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo que el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la Unión el pasado 15 de septiembre del 2025, ha dado mucho de qué hablar. En plena ola de festejos patrios, esta propuesta fue enviada para su revisión, lo que causó de manera inmediata un debate de discusiones y críticas a nivel nacional.
Derivado de este tema, la presidenta de México Claudia Sheinbaum, mencionó que, de no cambiarse la Ley de Amparo, Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, podría ampararse por 15 años más y así evitar que pague su deuda millonaria de impuestos que tiene pendiente con el SAT.
Antes de empezar a desglosar todo este tema, ¿conoces qué es el juicio de amparo?
El juicio de amparo es una defensa legal que permite a los ciudadanos protegerse de diferentes abusos por parte de la autoridad y de normas que vulneran nuestros derechos humanos. Este recurso legal se puede aplicar de dos maneras diferentes: directa e indirecta.
El amparo directo procede desde sentencias definitivas o resoluciones que ponen fin a un acuerdo, con la finalidad de suspender dicha resolución; mientras que la manera indirecta se utiliza cuando las autoridades han cometido actos u omisiones que vulneran los derechos de la ciudadanía, a la cual se le denomina “quejoso”.
Para que se entienda más fácil, prácticamente la Ley de Amparo es aquella defensa o escudo que protege a los ciudadanos de un abuso por parte de las autoridades. Si eso se presenta, se puede solicitar un amparo que suspenda las decisiones o acciones tomadas por un determinado tiempo, en lo que se llega a una mejor resolución.
La nueva iniciativa de reforma a la Ley de Amparo: ¿un beneficio al acceso a la justicia o todo lo contrario?
Hace unos días, la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado una iniciativa de reforma a la Ley de Amparo que contempla añadir una definición al concepto de “interés legítimo” en los juicios de amparo. También se busca que, con esta nueva reforma, se logre digitalizar y modernizar el proceso y armonizar conceptos con otras leyes, bajo la premisa de que sea más fácil su trámite y acceso para quienes lo soliciten.
Uno de los principales cambios que propone esta iniciativa es la inclusión de una definición de “interés legítimo”, la cual, de ser aprobada, se agregaría al artículo 5° de la Ley de Amparo con relación a los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta iniciativa propone añadir un párrafo al artículo 5° para exponer que el “interés legítimo” consiste en que la reclamación debe ocasionar en el quejoso una lesión jurídica real, actual y diferenciada del resto de las personas, a comparación de la Ley de Amparo actual, que expone que la persona quejosa debe tener un interés legítimo, individual o colectivo.
De acuerdo con el documento de exposición de motivos, este cambio en la definición busca facilitar la justicia. Sin embargo, algunos especialistas y abogados mencionan que, a pesar de que este concepto no es algo totalmente nuevo, su implementación oficial puede obstruir el proceso mediante el cual se solicita un juicio de amparo, afectando principalmente a colectivos ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil.
¿Es esta nueva iniciativa de reforma una indirecta para Ricardo Salinas Pliego?
Claudia Sheinbaum ha defendido su propuesta desde que se dio a conocer la noticia. La mandataria de México aseguró que quienes más recursos tienen son los que más abusan de esta figura legal para retrasar la justicia, como es el caso de Salinas Pliego, quien actualmente acumula una deuda de 74 mil millones de pesos en impuestos ante el SAT.
La mandataria aseguró hoy, 30 de septiembre del 2025, que el caso de Ricardo Salinas está próximo a llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, se corre el riesgo de que, una vez que se resuelva el caso y se demuestre que debe pagar ante el máximo tribunal del país, el trámite podría retrasarse durante muchos años más debido a los amparos que, de alguna manera, lo están protegiendo de saldar su deuda.
A pesar de todo lo que se mencionó sobre el caso de Salinas Pliego, Sheinbaum sostuvo que su propuesta de reformar la Ley de Amparo es meramente para acelerar el acceso a la justicia, señalando que nunca ha llegado a quien en verdad debe llegar, sino que, al contrario, los ciudadanos deben esperar 15, 20 o 30 años en recibir una respuesta definitiva.
Una iniciativa que destapó críticas y frentes al gobierno de Claudia Sheinbaum dentro del Senado
Hasta el día de hoy se desconoce una fecha exacta para que la iniciativa de reforma sea aprobada en su totalidad. Lo que sí se sabe es que, desde su presentación, esta tiene un largo camino por recorrer en el Congreso, ya que se han destapado diferentes frentes y opositores a esta reforma, incluso dentro de la misma bancada de Morena, quienes la ven como una amenaza al acceso estrecho de la justicia frente a posibles abusos de autoridades en México.
Por su parte, el coordinador oficialista en el Senado, Adán Augusto, ha negado que la reforma se someta a un parlamento abierto o un foro donde se reciban opiniones de especialistas independientes, quienes fueron los primeros en lanzar señales de alarma ante este tipo de iniciativa.
Lo que sí es importante saber en estos momentos es lo que esta nueva reforma propone en los cambios a la Ley de Amparo. Vivimos en un país en el que los recursos que propone el Estado sirven al mismo Estado, y si la Ley de Amparo significa una pequeña y estrecha oportunidad de acceso a la justicia por parte de los ciudadanos comunes, no debemos dejar de informarnos sobre el tema y evitar que la brecha se cierre aún más para los mexicanos.
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