Este 26 de septiembre se cumplen diez años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, una década marcada por el dolor e incertidumbre de los padres de las y los normalistas que continúan en la búsqueda incansable de respuestas, exigiendo justicia y enfrentándose a un sistema que no ha podido —o no ha querido— esclarecer completamente qué fue lo que realmente pasó. 

Este caso se ha convertido en el mayor símbolo de impunidad y corrupción de nuestro siglo, exponiendo una verdad brutal: la complicidad entre las fuerzas de seguridad del Estado y el crimen organizado.

Ayotzinapa no solo se transformó en una tragedia personal para los familiares de los desaparecidos, sino en una herida abierta para todo el país. Una herida que sangra y revela lo que muchos sabían pero pocos querían aceptar: un México repleto de entierros clandestinos, de secretos ocultos en la tierra, y de voces que claman justicia desde el silencio.

La tragedia

A finales de septiembre de 2014, los normalistas se preparaban para acudir a la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México, en conmemoración de la masacre de Tlatelolco ocurrida el 68. Sin embargo, nunca lograron llegar a su destino. 

La noche del 26 de septiembre, fueron interceptados por la policía municipal y posteriormente desaparecidos en un aparente operativo conjunto entre autoridades locales y miembros del crimen organizado.

Según versiones iniciales, conocidas como la “verdad histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto, los estudiantes fueron entregados al Cártel Guerreros Unidos, quienes presuntamente los asesinaron y quemaron sus cuerpos.

Sin embargo, esa versión fue desacreditada en los años posteriores debido a inconsistencias en las pruebas y al descubrimiento de que muchos de los testimonios clave fueron obtenidos bajo tortura. Desde entonces, el caso ha estado marcado por una serie de investigaciones malogradas, encubrimientos y una verdad incompleta que ha llevado a un estancamiento doloroso.

El compromiso no cumplido de AMLO

Cuando Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia en 2018, uno de sus principales compromisos fue resolver el caso Ayotzinapa. Prometió acabar con la llamada “verdad histórica”, que sostenía que los estudiantes habían sido asesinados por el crimen organizado. 

En 2022, el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) reveló que las autoridades militares conocían lo que estaba ocurriendo con los estudiantes desde las primeras horas, ya que el Ejército había infiltrado a un soldado entre los normalistas. 

El GIEI también señaló que elementos del Ejército estaban al tanto del traslado de los jóvenes hacia Huitzuco, lo que implica una colaboración directa entre las fuerzas de seguridad y el crimen organizado. A pesar de estas revelaciones, la resistencia a investigar a las fuerzas armadas ha sido uno de los grandes obstáculos en el caso.

No obstante, López Obrador reconoció recientemente que “no se avanzó como quisiéramos” en encontrar a los jóvenes y dar justicia plena a las familias. Aunque se esclarecieron algunas verdades, como la participación del crimen organizado y las fuerzas de seguridad locales, el presidente ha sido acusado de proteger al Ejército mexicano, cuya implicación en los hechos aún no ha sido investigada a fondo.

Detenidos y complicaciones legales

A lo largo de estos diez años, ha habido algunos avances en términos de detenciones. Se ha arrestado a policías municipales y miembros de Guerreros Unidos vinculados a la desaparición de los estudiantes. En 2022, se giraron órdenes de aprehensión contra varios militares, incluidos mandos del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala. 

Pero los esfuerzos siguen sin ser suficientes. Muchos de estos procesos judiciales se han estancado o han sido objeto de controversias. En septiembre de 2022, el exprocurador Jesús Murillo Karam, quien fue responsable de la “verdad histórica”, fue detenido bajo cargos de tortura, desaparición forzada y obstrucción de la justicia​.

A pesar de estas detenciones, los padres de los estudiantes siguen sin recibir las respuestas que anhelan. Solo se han identificado restos de tres estudiantes: Alexander Mora Venancio, Jhosivani Guerrero de la Cruz y Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre. La falta de pruebas concluyentes sobre el paradero de los demás normalistas mantiene a las familias en una espera angustiosa y desesperante.

Un símbolo de impunidad

Ayotzinapa no es solo la historia de 43 jóvenes desaparecidos; es el reflejo de un sistema profundamente corrupto y de una nación que ha fallado en garantizar justicia a sus ciudadanos. La tragedia de Ayotzinapa se ha convertido en un emblema de la impunidad en México, un país donde miles de personas desaparecen cada año y donde los vínculos entre las autoridades y el crimen organizado son cada vez más evidentes.

La conexión con el Ejército y la Guardia Nacional

El caso Ayotzinapa ha revelado la preocupante complicidad entre las fuerzas armadas y los grupos criminales en México. A pesar de los esfuerzos de la administración de López Obrador por investigar la participación del Ejército en los hechos, la falta de acciones contundentes ha generado frustración. 

Además, la reciente reforma a la Guardia Nacional, ya aprobada por el Senado, ha generado inquietud sobre el creciente poder de las fuerzas armadas en el país. Muchos temen que, sin una verdadera reforma y rendición de cuentas, casos como Ayotzinapa podrían repetirse.

A 10 años, la lucha continúa

A diez años de la desaparición de los normalistas, las familias siguen exigiendo verdad y justicia. Las marchas y protestas que se realizan cada aniversario son un recordatorio de que Ayotzinapa no se olvida. El dolor, la rabia y la impotencia que sienten las madres y padres de los estudiantes sigue siendo tan intensa como el primer día, y no pararán hasta encontrar la justicia que tanto merecen.

Hoy, Ayotzinapa sigue siendo la prueba de que el país está herido, pero también de que la memoria sigue viva en aquellos que no se cansan de exigir justicia. Porque nos faltan 43 y miles más.