Como ya es costumbre, la reforma judicial de nuevo es el centro del debate. La posibilidad de que los jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular en 2025 aún está sobre la mesa, pero todo dependerá de si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decide frenar el proceso o permitir que avance. Todo sigue al aire, en su última sesión, dejaron abierta la posibilidad de frenar la polémica reforma judicial.

¿Qué pasó en la sesión?

La presidenta de la SCJN, Norma Piña, presentó tres consultas clave a sus colegas en el Pleno de la Corte. Su pregunta fue clara: ¿Podemos frenar el proceso de reforma judicial que jueces y magistrados han impugnado? La ministra Lenia Batres propuso que la Corte no tenía el poder para detenerla. 

Por su parte, la mayoría de los ministros (seis en total) consideraron que las consultas ya no eran relevantes, dejando la decisión en manos del ministro que reciba la impugnación formal.

¿Quién decidirá si la reforma avanza o no?

Ese honor —o más bien responsabilidad— recayó en el ministro Alberto Pérez Dayán. Él será quien, en las próximas semanas, decida si concede la suspensión que los jueces y magistrados han solicitado. Su tarea es delicada: no sólo debe definir si se frena el proceso de elección, sino que también deberá analizar si la reforma judicial realmente viola la independencia del Poder Judicial, como alegan los juzgadores.

Pérez Dayán forma parte del bloque mayoritario que cree que la Corte sí tiene facultad para revisar reformas constitucionales cuando están en juego derechos fundamentales, como la independencia judicial. 

Asimismo, recientemente el ministro Javier Laynez declaró que, de considerar la reforma como una amenaza a la independencia del Poder Judicial, la Corte tiene el poder de declararla inconstitucional y con ello frenarla. Sin embargo, para ello también se necesita que el mismo gobierno así la reconozca, pero Claudia Sheinbaum se niega a reconocer la inconstitucionalidad de la reforma, según lo que menciona Laynez.

Lo que hace esta controversia aún más interesante es que no hay reglas claras. Nunca antes la SCJN había aceptado revisar una reforma constitucional de este tipo. Eso significa que no está definido si la decisión del ministro Pérez Dayán puede invalidar la reforma o simplemente quedar como un pronunciamiento. ¡Estamos en terreno nuevo!