En medio de la creciente presión sobre el Partido Acción Nacional (PAN) por sus supuestos vínculos con el narcotráfico, el diputado de Morena, Arturo Ávila, ha solicitado que el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inicien una investigación formal contra el PAN y sus principales figuras. 

Ávila ha señalado directamente al presidente del partido, Marko Cortés, al senador Ricardo Anaya, y al expresidente Felipe Calderón, exigiendo que expliquen su relación con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, recientemente condenado en Estados Unidos a 38 años de prisión por sus vínculos con el crimen organizado.

Investigaciones y acusaciones millonarias

En una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, Ávila detalló que la UIF ha estado investigando contratos valorados en más de 300 millones de dólares que empresas relacionadas con García Luna habrían celebrado tanto con gobiernos del PAN como del PRI. 

Entre las empresas bajo investigación se encuentra GLAC Security Consulting Technology, que, según el diputado, recibió una transferencia de 1.16 millones de pesos del PAN. Sin embargo, hasta la fecha no se está claro el motivo de dicha transferencia, lo que ha suscitado preguntas sobre el posible vínculo entre el partido y actividades ilícitas.

Según Ávila, García Luna, desde su época como director de la Agencia Federal de Investigación bajo el gobierno de Vicente Fox, comenzó a impulsar empresas que se destacaron por prácticas irregulares, como el espionaje. Estas mismas empresas continuaron operando durante las administraciones del PAN y el PRI, lo que plantea dudas sobre las verdaderas motivaciones detrás de estos contratos.

Consecuencias legales para el PAN

El legislador de Morena se mostró firme en su demanda de que las autoridades investiguen a fondo estos vínculos y citen a declarar a Cortés, Anaya y Calderón para esclarecer la naturaleza de las relaciones financieras entre el PAN y García Luna. 

Ávila incluso sugirió que, de demostrarse que estas transferencias están vinculadas al crimen organizado, el PAN podría perder su registro como partido político. “Es grave que un partido tenga contratos con una empresa de un exsecretario de Seguridad condenado por narcotráfico”, afirmó el legislador.

Además, señaló que la fortuna amasada por García Luna, que incluye más de mil millones de dólares en transacciones y múltiples propiedades, es prueba suficiente de que estos contratos deben ser investigados con mayor profundidad. La UIF ha confirmado que las empresas de García Luna estuvieron operando contratos millonarios con los gobiernos del PAN y PRI por más de dos décadas.

¿Morena también?

Si bien el PAN está en el centro de las acusaciones, Morena no ha quedado exento de señalamientos por presuntos nexos con grupos criminales. Y de abrirse una investigación formal al PAN, muchos señalan que debe aplicarse por igual al partido guinda.

La falta de sanciones y acciones sobre estos criminales no sólo les ha permitido seguir operando, sino que ha levantado sospechas de complicidad o tolerancia por parte de algunos sectores del gobierno. Según analistas, esta violencia favorece indirectamente a Morena. 

El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, ha sido una de las voces más críticas, señalando que el narcotráfico influyó directamente en los resultados electorales a favor de Morena en ciertos estados.

A pesar de las advertencias y denuncias, no se ha abierto una investigación formal contra Morena por estos señalamientos, ni hay pruebas concretas que lo relacionen directamente con actividades criminales. Sin embargo, la falta de una estrategia contundente para combatir al crimen organizado ha generado inquietudes sobre sus posibles nexos con el narcotráfico.