“En Chiapas, la guerra civil llama a la puerta”. Este lunes, diversas organizaciones civiles encendieron las alarmas sobre la creciente violencia en el estado, alertando que la situación ha alcanzado un punto crítico y preocupante.
La vida de las y los defensores de la tierra, como el padre Marcelo Pérez, y las comunidades indígenas está bajo amenaza constante; mientras el crimen organizado y la complicidad de las autoridades profundizan la crisis. Frente a un panorama cada vez más oscuro, se alzan voces que denuncian la falta de acción y exigen una respuesta urgente del Gobierno para frenar el conflicto que se avecina.
La voz de las organizaciones y la actriz Julieta Egurrola
En una conferencia de prensa en Ciudad de México, la actriz Julieta Egurrola leyó un pronunciamiento colectivo en el que se alertó que, a poco más de dos semanas de la presidencia de Claudia Sheinbaum, Chiapas vive una situación crítica.
Según esta declaración, la región enfrenta un escenario de guerra civil, recordando que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ya había advertido en 2021 que Chiapas estaba “al borde de una guerra civil”. Hoy, esa alerta se ha materializado en un campo de batalla donde la violencia se ha intensificado de manera preocupante.
Violencia contra comunidades zapatistas
Las denuncias no se limitan al asesinato del padre Marcelo. Desde hace semanas, la comunidad “6 de octubre” del EZLN en Chiapas está siendo blanco de amenazas graves. Se han reportado ataques con armas de alto poder, violaciones sexuales a mujeres, la quema de viviendas y el saqueo de cosechas y animales, todo con el objetivo de despojar a los habitantes de sus tierras.
Carlos González, miembro del Congreso Nacional Indígena (CNI), explicó que estas agresiones provienen de los pobladores de la comunidad vecina “Palestina”, que, según González, están respaldados por miembros del crimen organizado, específicamente del Cártel Jalisco Nueva Generación.
El asesinato del padre Marcelo Pérez
El pasado domingo 20 de octubre, el párroco Marcelo Pérez fue brutalmente asesinado cuando se dirigía a la iglesia de Guadalupe en San Cristóbal de las Casas, después de haber oficiado misa. Este hecho sacudió aún más a una región que ya vive en un ambiente de miedo constante. “Estamos en medio de una guerra que no deja de escalar”, señaló González. “Chiapas está en guerra, México está en guerra”, afirmó con firmeza.
La implicación del crimen organizado en las instituciones
González también señaló que las instituciones del Estado mexicano, sin importar el partido político que las dirija, trabajan con grupos criminales. Esto, afirmó, permite la ocupación violenta de territorios, como la frontera con Guatemala, donde la guerra ha dejado cientos de personas desaparecidas, principalmente mujeres y hombres jóvenes, y comunidades abandonadas o semiabandonadas, como la frontera Comalapa.
Además, el activista vinculó esta guerra con los grandes megaproyectos impulsados en las últimas dos décadas, como el Tren Maya. Según González, estos proyectos benefician a grandes corporaciones multinacionales, perpetuando el conflicto en la región. Esto comenzó con Calderón, pero sigue ocurriendo hoy, aseguró.
Llamado urgente al Gobierno
Finalmente, las y los activistas, hicieron un llamado al Gobierno a poner fin a la violencia y dejar de colaborar con los cárteles. Isabel Valencia, delegada de la comunidad otomí en Ciudad de México, también criticó duramente la promesa de la presidenta Claudia Sheinbaum de que “con ella llegaron todas y todos”. Valencia afirmó que, para los pueblos originarios, Sheinbaum no los representa.
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