El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta una elección sin precedentes en México, y no precisamente en el mejor sentido: la elección judicial de 2025, que se perfila como el proceso más caro y controvertido en la historia del país. 

Hasta este año, las elecciones de 2024 se habían posicionado como las elecciones más caras de México, la cual tuvo un costo de más de 8 mil millones de pesos. Sin embargo, las primeras estimaciones del INE para los comicios de personas juzgadoras en 2025, se prevén 13 mil millones de pesos. 

Para financiar este proceso que no solo ha generado críticas y tensiones internas, sino que ha dividido a la institución en un momento crítico. Con este monto, el presupuesto total para 2025 se disparará a cerca de 30 mil millones de pesos, sumando los gastos regulares y el financiamiento de los partidos políticos, aunque estos últimos no participarán en la elección judicial.

Tensiones internas

La organización de este proceso especial ha destapado fracturas profundas dentro del INE. Desde que la presidenta del instituto, Guadalupe Taddei, asumió el liderazgo, su gestión ha estado marcada por decisiones controvertidas y cuestionamientos sobre la transparencia y concentración de poder. 

Uno de los puntos más críticos ha sido la Comisión Temporal de Seguimiento del Proceso Electoral del Poder Judicial, presidida por consejeros cercanos a Taddei, quienes fueron nombrados sin consenso general. Consejeros como Dania Ravel y Martín Faz han señalado abiertamente su descontento, criticando que la reforma judicial le haya otorgado a Taddei facultades extraordinarias para designar puestos estratégicos sin el respaldo de la mayoría calificada.

Estos nombramientos y decisiones han intensificado las tensiones en el INE, que ahora parece más una institución fragmentada y en conflicto que un organismo sólido y preparado para un reto de tal magnitud. 

El conflicto no es sólo interno: el proceso ha estado rodeado de más de cien suspensiones judiciales que intentaron frenar la elección. Sin embargo, ya se declaró inconstitucional cualquier intento de detener la reforma judicial, empujando al INE a seguir adelante pese a los desafíos legales y a las fuertes divisiones internas.

Un gasto histórico

La solicitud de un presupuesto histórico ha dejado al INE en la mira de todos. Con el plazo cercano para presentar su propuesta a la Secretaría de Hacienda, el instituto enfrenta un debate público y una crítica cada vez mayor sobre sus prioridades y su capacidad para gestionar este tipo de procesos.
Más que un logro democrático, esta elección parece haberse convertido en un símbolo de las tensiones y divisiones en un país que debería mantenerse firme y transparente.