Arturo Ávila, diputado federal por Morena, se encuentra en el centro de un escándalo. Con contratos que suman 48 millones de pesos provenientes de entidades gubernamentales que recibió el sexenio pasado, las preguntas sobre su integridad y la de su partido se hacen cada vez más urgentes.

Contratos controversiales

Arturo Ávila, que fue socio de IBN Industrias Militares y de Alta Tecnología Balística hasta 2024, logró que su empresa se beneficiara de múltiples contratos durante su tiempo en el cargo. Entre ellos se destacan:

• Pruebas de Covid-19: Un contrato con Servicios de Salud de Quintana Roo por la adquisición de 15,000 pruebas rápidas, valoradas en 247.50 pesos cada una.
• Mascarillas N95: En 2020, dos contratos con la Secretaría de Salud del Estado de México que suman más de 17 millones de pesos para la venta de mascarillas.
• Mantenimiento de Vehículos: Un lucrativo contrato por 25 millones 874 mil pesos con el municipio de Aguascalientes para el mantenimiento preventivo y correctivo de unidades.

Lo que parece un negocio lucrativo para Ávila plantea serias dudas sobre la transparencia en el manejo de recursos públicos.

Asociaciones peligrosas

El escándalo no se detiene en los contratos. Ávila es socio de Carlos Emiliano Salinas Occelli, hijo del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, en la empresa Prorsus Capital. Este vínculo plantea preocupaciones sobre conflictos de interés y la naturaleza de sus relaciones en el ámbito político. 

Pero, Salinas Occelli no es un socio cualquiera; ha estado vinculado a la secta NXIVM, cuyo líder, Keith Raniere, fue condenado a 150 años de prisión por delitos sexuales. Esta conexión no solo es alarmante, sino que también resalta un patrón de comportamiento que debería preocupar a todas las y los ciudadanos.

Justificación 

Anteriormente, la presidenta Claudia Sheinbaum había señalado que “ningún legislador debe tener contratos con el gobierno”, enfatizando la necesidad de evitar conflictos de interés en el futuro.
Ávila ha intentado desligarse de estas acusaciones, afirmando que renunció a su participación en IBN antes de asumir su cargo como legislador. Sin embargo, no ha proporcionado evidencia de esta renuncia. A pesar de sus justificaciones de que su empresa ha trabajado con entidades internacionales y ha creado miles de empleos, la controversia persiste, dejando a muchos preguntándose: ¿quién realmente se beneficia de estos contratos?