La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió no invalidar la reforma judicial que ha generado polémica y protestas. Tras una sesión llena de tensiones y desacuerdos, se desestimaron las impugnaciones que habían presentado partidos políticos de oposición y una minoría legislativa, lo que significa que la reforma seguirá vigente en todos sus términos.

¿Qué se estaba impugnando en la reforma?

Esta reforma, aprobada hace unos meses, establece cambios significativos en el Poder Judicial, incluyendo la elección de jueces, juezas, magistradas y magistrados por listas y voto popular. Esta medida fue uno de los puntos más polémicos, ya que algunos sectores creen que podría afectar la imparcialidad del sistema judicial.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentó un proyecto que proponía invalidar la elección de jueces, juezas, magistradas y magistrados mediante el voto popular, pero permitía que los ministros, ministras, magistradas y magistrados electorales fueran elegidos de esa forma. Sin embargo, no logró la mayoría necesaria de ocho votos para que su propuesta fuera aprobada, ya que sólo contó con el apoyo de siete ministros y ministras.

El voto clave de Alberto Pérez Dayán

La decisión final de la SCJN se inclinó cuando el ministro Alberto Pérez Dayán votó en contra de las impugnaciones, sumándose a las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz. 

Pérez Dayán argumentó que los partidos políticos no tienen el derecho de impugnar reformas constitucionales a través de acciones de inconstitucionalidad, pues estas acciones sólo deben aplicarse a leyes electorales, no a cambios en la Constitución. Según Pérez Dayán, declarar inválida la reforma judicial con una acción de inconstitucionalidad equivaldría a “responder a una insensatez con otra insensatez”.

Bloque dividido en la Suprema Corte

En el bloque que respaldaba el análisis de la reforma y su posible revisión se encontraban las ministras Norma Lucía Piña Hernández y Margarita Ríos Farjat, junto con los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Javier Laynez Potisek y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Aun así, sin el voto de Pérez Dayán, no alcanzaron los ocho votos necesarios para declarar la reforma inválida.

Este resultado implica que la Suprema Corte no entró a analizar a fondo si la reforma es constitucional o no. En términos prácticos, significa que la Corte no discutió la validez de las elecciones de jueces y magistrados mediante voto popular ni otros puntos controvertidos de la reforma.

Reacciones y manifestaciones afuera de la SCJN

La decisión de la SCJN no pasó desapercibida. Afuera del tribunal, cientos de trabajadores del Poder Judicial, acompañados por organizaciones sociales y estudiantes de derecho, protestaron durante la sesión. Con consignas como “¡Resistencia, resistencia!, “Exámenes sí, tómbola no” y “¡Gobierno entiende, la justicia no se vende!”, las y los manifestantes rechazaban los cambios de la reforma judicial y defendían la imparcialidad de la carrera judicial.

Las manifestaciones incluyeron banderas y pancartas con frases en defensa del Poder Judicial. Algunos jueces, juezas, magistradas y magistrados, así como demás trabajadores de este sector, participaron en la protesta, que cerró varias calles alrededor de la sede de la Corte, mostrando el rechazo que la reforma ha provocado en diversos sectores.

¿Qué sigue ahora para el Poder Judicial?

Con esta decisión, la SCJN deja en pie la reforma judicial, manteniendo los cambios que afectan al sistema judicial de México. La posibilidad de impugnar la reforma a través de otros medios legales, como juicios de amparo, sigue abierta, aunque la Corte no aceptó la acción de inconstitucionalidad planteada por los partidos opositores.

La reforma ha provocado un fuerte debate sobre el futuro de la justicia en el país, especialmente sobre si estos cambios podrían poner en riesgo la imparcialidad del sistema judicial. Mientras tanto, trabajadores del Poder Judicial y manifestantes que apoyan la independencia del sistema aseguran que seguirán luchando para frenar lo que consideran una amenaza a la justicia en México.