Norma Lucía Piña Hernández, la primera mujer en presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), asumió el cargo el 2 de enero de 2023, marcando un hito histórico en lo relacionado con la equidad de género dentro del sistema judicial mexicano. Sin embargo, su mandato lejos de ser fácil, ha sido objeto de intensas críticas y unos cuantos elogios. 

Si bien ha tomado decisiones trascendentales, su gestión se ha caracterizado por más fallos polémicos que aciertos, sobre todo en un contexto marcado por la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. En este complejo panorama, Piña ha tenido que navegar entre presiones políticas y una cuestionada defensa de la independencia judicial.

Aciertos: ¿Defensora del Poder Judicial?

Desde que asumió el poder de la SCJN, las expectativas sobre su mandato fueron altas. Se trataba de una ministra que desde el inicio ha predicado sobre la independencia judicial e intentado que la Suprema Corte se mantenga al margen de los intereses políticos del gobierno. 

Además, cuando se empezó a hablar de la reforma judicial y cómo cambiará la forma en la que se elegirán a jueces, juezas, magistradas, magistrados, ministras y ministras, Piña se mostró en contra. La idea le pareció que ponía en peligro la independencia de la justicia. 

Asimismo, en reiteradas ocasiones no se mostró de acuerdo con que el gobierno tenga tanto control sobre el sistema judicial, y habló en contra de las propuestas de López Obrador y sobre cómo buscarían politizar aún más el Poder Judicial. En ese sentido, en cierto momento propuso su propia “contrarreforma”, con ideas que buscaban mejorar el acceso a la justicia y aumentar la transparencia en los tribunales, sin aceptar los cambios radicales que busca el gobierno.

Errores y limitaciones: Un liderazgo cuestionado

Aunque, a pesar de estos aparentes esfuerzos, la gestión de Piña ha sido vista como insuficiente por muchos, especialmente por aquellos que esperaban una defensa más robusta del Poder Judicial. 

Su postura frente a la reforma, aunque ciertamente crítica, careció de acciones concretas que realmente frenaran los cambios impulsados por el Ejecutivo. Los detractores de Piña la acusan de ser demasiado cautelosa, incluso pasiva, en momentos clave. En lugar de articular una oposición más firme y estratégica, Piña optó por un enfoque más conciliador que no logró reunir el consenso interno necesario para resistir los cambios con efectividad.

Lo que ha sumado más voces de quienes la acusan de no hacer lo suficiente para frenar la reforma judicial y proteger los derechos laborales de los trabajadores judiciales.

Un ejemplo claro de esta debilidad se dio cuando la Suprema Corte debatió una impugnación a la reforma judicial. Su insistencia en presentar la opción de que seis votos bastaran para una mayoría calificada no sólo fue rechazada, sino que evidenció la falta de consenso y liderazgo claro al interior de la Corte. Este tipo de errores, junto con la incapacidad de Piña para evitar la validación de la reforma, ha debilitado aún más su figura ante la opinión pública.

Este malestar se ha visto reflejado en las protestas de las y los trabajadores del Poder Judicial, quienes se han manifestado en las calles y en las redes sociales para exigir una postura más firme. 

Aunque Piña ha expresado su apoyo a estas movilizaciones, algunos consideran que sus palabras han sido insuficientes para enfrentar la presión de Morena que busca transformar el sistema judicial en su favor. En este contexto, el respaldo de Piña a las protestas, aunque quizá bien intencionado, no ha logrado frenar el sentimiento de desilusión que prevalece en una gran parte del sector judicial.

Se desmorona la Suprema Corte de Norma Piña

Al no lograr una resistencia efectiva a la reforma, Piña ha quedado atrapada entre las presiones del Ejecutivo, los intereses de su propio bloque de ministros y las demandas de una sociedad cada vez más crítica con la clase política.

Si bien ha defendido la independencia judicial y ha propuesto alternativas a la reforma del Poder Judicial, su falta de acción concreta y su incapacidad para generar un consenso sólido han socavado su autoridad. 

Y ahora, después de la histórica renuncia de siete ministros, ocho contando la suya, su liderazgo, que ya estaba siendo cuestionado por su falta de contundencia ante la reforma judicial, enfrenta una pérdida de poder real en la Corte.