La Cámara de Diputados acaba de aprobar en lo general y particular una reforma energética de gran relevancia para el país, dando un vuelco significativo en la forma en que se gestionará la energía eléctrica y los recursos estratégicos.
Con 355 votos a favor y 122 en contra, esta reforma constitucional cambia el panorama energético de México, poniendo nuevamente en manos del Estado, a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el control mayoritario del mercado eléctrico.
¿En qué consiste la reforma energética?
A grandes rasgos, la reforma modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución para transformar el rol de la CFE y Petróleos Mexicanos (Pemex), las dos grandes empresas energéticas del país, de “empresas productivas del Estado” a “empresas públicas del Estado”. Esto implica un giro en su naturaleza: ya no buscarán generar ganancias, sino garantizar el acceso a servicios de energía para todos los mexicanos, centrándose en el bienestar social más que en la rentabilidad.
Puntos clave de la Reforma
Regreso al control estatal del sistema eléctrico
La CFE volverá a tener un papel predominante en la generación de electricidad, con el control del 54% del mercado.
Las empresas privadas, que habían tenido una mayor participación desde la reforma energética de 2013, ahora sólo podrán generar el 46% de la energía. Esto significa que la CFE tendrá la responsabilidad de asegurar que el suministro de electricidad sea continuo y accesible, con un enfoque en evitar el lucro excesivo en la prestación de este servicio.
Prioridad para la CFE en la planeación del sistema eléctrico
La reforma busca que la CFE tenga el control en la planificación y ejecución del sistema eléctrico nacional. Esto implica que tendrá un papel preponderante en todas las etapas de la cadena de valor de la electricidad (generación, distribución y transmisión). Su objetivo es garantizar la seguridad energética y la autosuficiencia del país, evitando que el sector privado tenga mayor influencia o control sobre el suministro de energía.
No se considerarán monopolios las áreas estratégicas del Estado
Con este cambio en la Constitución, se establece que las actividades estratégicas que realice el Estado, como la generación de electricidad por la CFE, no se considerarán monopolios. Además, el Estado tendrá exclusividad en la explotación de ciertos recursos como el litio.
Internet y telecomunicaciones como áreas prioritarias
La reforma también incluye un punto crucial que expande el rol del Estado en la provisión de servicios de internet. El gobierno se propone convertirse en un proveedor de internet a nivel nacional para garantizar que llegue a zonas rurales y marginadas. De nuevo, esta actividad no será considerada monopolio, lo que abre la posibilidad de que el Estado compita con empresas privadas en la oferta de este servicio, buscando que el internet sea accesible para toda la población.
Eliminar el enfoque en la transición energética
Aunque inicialmente se incluía un compromiso del Estado con la transición energética hacia energías limpias y la reducción de gases de efecto invernadero, este apartado fue eliminado de la versión final de la reforma. El artículo 27 constitucional, que mencionaba el uso sostenible de las fuentes de energía para mitigar el cambio climático, fue modificado. Esto ha sido objeto de críticas, ya que muchos consideran que es un retroceso en los esfuerzos para combatir la crisis climática.
El debate en el Congreso
El debate en torno a la reforma fue polarizado. Mientras Morena y sus aliados la defienden como una medida para proteger al pueblo y garantizar que la electricidad sea accesible y asequible, la oposición la considera un retroceso. Diputados del PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que esta reforma podría provocar que el costo de la electricidad aumente y que el uso de combustibles fósiles incrementará la contaminación.
Por ejemplo, la diputada panista Liliana Ortiz Pérez afirmó que limitar la participación privada en el sector eléctrico afecta la competitividad de México y ahuyenta la inversión extranjera, lo que podría perjudicar la economía del país.
Además, el priista Mario Zamora Gastélum advirtió que la reforma podría generar conflictos con los tratados internacionales que México tiene con Estados Unidos y otros países, lo que afectaría el comercio exterior y podría desencadenar sanciones o disputas legales.
En cambio, Rocío Abreu, presidenta de la Comisión de Energía, argumentó que la reforma beneficia al pueblo mexicano al dar prioridad a la CFE sobre las empresas privadas en la generación y distribución de electricidad.
¿Qué sigue?
Ahora la reforma se encuentra en manos del Senado, donde será debatida y votada. Si se aprueba, entrará en vigor y el Congreso tendrá 180 días para ajustar las leyes secundarias.
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