Este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que su gobierno mantendrá la exigencia de pruebas al gobierno de Estados Unidos antes de proceder legalmente contra Rubén Rocha Moya y otros funcionarios mexicanos señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado.
La mandataria subrayó que esta postura no responde a intereses partidistas, sino al respeto del debido proceso, la defensa jurídica y la soberanía nacional.
Claudia Sheinbaum defiende la postura de su gobierno ante las acusaciones contra Rubén Rocha
Durante su conferencia matutina, la presidenta de México afirmó que la postura de su administración frente al caso de Rubén Rocha no está relacionada con afinidades políticas, sino con la obligación de respetar el marco legal y garantizar que cualquier acusación esté respaldada por pruebas contundentes.
Sheinbaum señaló que actuaría de la misma manera sin importar el partido político al que perteneciera el funcionario señalado. Además, destacó que el caso del gobernador con licencia de Sinaloa debe manejarse conforme a la ley y sin vulnerar la relación bilateral entre México y Estados Unidos.
La mandataria insistió en que México no busca generar tensiones diplomáticas con el gobierno estadounidense, pero dejó claro que cualquier procedimiento judicial debe apegarse estrictamente a las normas legales y constitucionales.
Estados Unidos negó 36 extradiciones a México por falta de pruebas
La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que el gobierno de Estados Unidos rechazó 36 solicitudes de extradición presentadas por México debido a la falta de pruebas suficientes.
Este argumento ha sido utilizado recientemente por la mandataria para justificar por qué no se ha procedido legalmente contra Rubén Rocha y otros nueve políticos señalados por autoridades estadounidenses de presuntos nexos con el narcotráfico.
En este contexto, Sheinbaum informó que la próxima semana el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, dará a conocer detalles sobre diversos casos en los que México solicitó la entrega de presuntos delincuentes y el gobierno estadounidense negó la extradición.
Estas declaraciones se producen después de que, hace unos días, la presidenta afirmara que las acusaciones de Estados Unidos contra Rubén Rocha carecen de pruebas sólidas y que únicamente se ha presentado una nota escrita a mano relacionada con un presunto soborno.
Movimiento Ciudadano pide no minimizar la postura intervencionista de Estados Unidos
El senador jalisciense de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, aseguró que el gobierno federal no debe minimizar las señales de intervención por parte de Estados Unidos en asuntos relacionados con la seguridad y la justicia en México.
El legislador afirmó que tanto el secretario de Guerra estadounidense, como el titular de la DEA e incluso el presidente Donald Trump, han emitido mensajes implícitos y explícitos sobre la intención de “limpiar” algunas ciudades mexicanas afectadas por la violencia y el crimen organizado.
Asimismo, el coordinador de MC en el Senado señaló que continuar argumentando que no existen pruebas contra Rubén Rocha podría provocar que el gobierno estadounidense tenga más argumentos para intervenir directamente en el tema.
Castañeda también pidió al gobierno federal investigar y, en caso de ser necesario, sancionar al gobernador con licencia de Sinaloa, con el fin de actuar con responsabilidad y evitar un mayor conflicto diplomático.
Ricardo Anaya afirma que Rubén Rocha debe ser detenido y extraditado
Por su parte, el senador panista Ricardo Anaya aseguró que existen fundamentos legales suficientes para detener a Rubén Rocha y aplicar el tratado de extradición entre México y Estados Unidos.
Durante sus declaraciones, el legislador acusó al gobierno federal y a Morena de proteger políticamente al gobernador con licencia de Sinaloa. Además, sostuvo que el argumento sobre la falta de pruebas ha sido utilizado como pretexto para evitar acciones judiciales.
Anaya recordó que desde 2021 el PAN presentó denuncias acompañadas de pruebas sobre una presunta colusión entre Morena y grupos del narcotráfico durante el proceso electoral en Sinaloa.
También mencionó el presunto secuestro de la entonces candidata de la alianza opositora, Paola Gárate, así como de operadores políticos, hechos que —según el senador— habrían favorecido electoralmente a Morena.
Mientras la presidenta de México mantiene su postura de exigir pruebas contundentes antes de actuar legalmente, figuras de oposición continúan aumentando las críticas contra Rubén Rocha, Morena y la actual administración federal.
Sin embargo, este no es el único caso que ha generado controversia política, ya que en Chihuahua la gobernadora Maru Campos también ha sido señalada recientemente por una presunta violación a la Ley de Seguridad Nacional.
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