La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ejerció acción penal contra seis personas por su presunta participación en una simulación de secuestro que involucra a la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco.
De acuerdo con las investigaciones, el supuesto plagio habría sido parte de un plan para justificar la entrega de 40 millones de pesos provenientes de recursos públicos, autoridades sostienen que el verdadero objetivo no era pagar un rescate, sino encubrir un presunto desfalco millonario dentro del ayuntamiento.
¿Una alcaldesa se autosecuestró?
El 1 de junio de 2026, la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles, denunció haber sido secuestrada por un grupo de personas que exigían 40 millones de pesos para su liberación.
No obstante, tras varias semanas de investigación, la fiscalía mexiquense concluyó que todo habría sido una simulación planeada con anticipación.
Según los reportes de la autoridad, el falso secuestro tenía como verdadero propósito justificar la salida de 40 millones de pesos en recursos públicos.
De acuerdo con los testimonios recabados por el Ministerio Público, el supuesto pago del rescate habría salido del presupuesto municipal y serviría para encubrir un presunto faltante de dinero dentro de la administración local.
Las indagatorias señalan que la presidenta municipal y sus presuntos cómplices decidieron abandonar el plan al percatarse de la intensa movilización policial desplegada para localizarla.
Ante este escenario, habrían optado por dejarla en un paraje conocido como El Capulín, con el objetivo de hacer creer que había logrado escapar de sus captores.
Su esposo y personas cercanas a su círculo habrían participado
Las investigaciones también apuntan a que, además de la presunta participación de la alcaldesa, estarían involucrados su esposo, su cuñado y otras personas cercanas a ella.
La fiscalía sostiene que la operación comenzó a planearse desde febrero y que existieron diversas llamadas de coordinación entre los involucrados antes de ejecutar el supuesto secuestro.
Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que tres de los presuntos implicados ya fueron detenidos en el estado de Oaxaca. Se trata de Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Cristian “N”.
No obstante, las autoridades señalaron que aún permanecen prófugos José Roberto “N” y Óscar “N”, identificados como esposo y hermano de la funcionaria Nancy Nápoles.
¿Cuántos años de prisión contempla la ley por la simulación de secuestro?
De acuerdo con el artículo 14 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, las personas involucradas en una simulación de secuestro podrían enfrentar una pena de hasta 16 años de prisión.
Además, el artículo 13 de la misma legislación establece que la alcaldesa de Tenancingo podría recibir una sanción adicional de hasta 700 jornadas de trabajo en favor de la comunidad.
Otro elemento que llamó la atención de las autoridades fueron las cámaras de seguridad, cuyos registros contradicen la versión presentada por la alcaldesa en su denuncia.
Nancy Nápoles aseguró que fue privada de la libertad cuando se encontraba a bordo de un automóvil Jetta junto con su familia, afuera de su domicilio, y que uno de los presuntos secuestradores la obligó a descender del vehículo bajo amenazas con arma de fuego.
Sin embargo, las grabaciones muestran una versión completamente distinta. En ningún momento se observan actos de violencia, resistencia o sometimiento.
Por el contrario, las imágenes captan a la alcaldesa ingresando al vehículo de los supuestos secuestradores sin que existan señales visibles de coacción física.
Alcaldesa rechaza la versión de la FGJEM y niega cualquier desfalco
A través de un video difundido en sus redes sociales, Nancy Nápoles acusó que personal de la FGJEM manipuló y tergiversó la información que ella proporcionó durante la denuncia presentada por la privación ilegal de la libertad.
La también presidenta del Consejo Estatal de Morena afirmó que detrás de las acusaciones existe un trasfondo político impulsado por funcionarios vinculados a la Secretaría General de Gobierno, quienes, según sus declaraciones, buscan desacreditar su imagen pública.
Asimismo, la presidenta municipal aseguró que, tras denunciar el supuesto secuestro, entregó todas las pruebas y elementos solicitados por la fiscalía. Pese a ello, sostuvo que fue víctima de un trato discriminatorio y de presuntas acciones de manipulación institucional por parte de la dependencia.
Por esta razón, solicitó la intervención directa del fiscal general José Luis Cervantes Martínez, a quien pidió revisar personalmente el caso e investigar la actuación de los ministerios públicos responsables de integrar la carpeta de investigación.
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