No es novedad que los cárteles del narcotráfico en México cada vez logran expandirse más hacia distintos sectores y comercios del país. De hecho, información reciente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos revela cómo el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) utiliza empresas legales para lavar dinero.
Detrás de una gasolinera, una tequilera, una mueblería e incluso una empresa de zapatos para bebés, el CJNG construyó durante años una red de negocios formales para ocultar recursos provenientes del narcotráfico.
¿Por qué el CJNG usa empresas legales para sus operaciones?
De acuerdo con un reciente reporte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), se identificaron negocios activos en sectores tan diversos como la agroindustria, la construcción, el comercio de bebidas y el calzado infantil.
El informe señala que todas estas empresas comparten una característica en común: sus titulares formales son familiares de operadores del CJNG, quienes fueron colocados en esos cargos para alejar el nombre de los líderes del cártel de los activos que realmente controlan.
La misma información indica que el CJNG lleva más de 15 años perfeccionando su esquema de lavado de dinero, cuya estrategia principal consiste en transferir el control de bienes ilícitos a personas cercanas que no aparecen directamente en investigaciones criminales.
Este método no solo dificulta el rastreo de los activos, sino que también reduce el riesgo de que las empresas queden expuestas ante las autoridades. Por ello, la OFAC describe este mecanismo como una red diseñada para “ocultar los intereses del líder en activos obtenidos mediante recursos ilícitos”.
La gasolinera y el almacén licorero de “El Jardinero” y su esposa
Audias Flores Silva, conocido como “El Jardinero“, controla una empresa gasolinera llamada Petrocoda S.A. de C.V.. Sin embargo, este negocio no aparece a su nombre, ya que los titulares formales son su prima, Areli Isis Medina Flores, y un subordinado identificado como Gabriel Serrano Magaña.
El Jardinero fue detenido por autoridades mexicanas el pasado 27 de abril de 2026. No obstante, la OFAC asegura que su red empresarial y criminal continúa operando pese a su captura, ya que el sector de los combustibles resulta especialmente útil para el lavado de dinero debido al alto volumen de operaciones en efectivo.
Por otro lado, su esposa, Karely Lizbeth Ramírez Báñales, figura como propietaria de un almacén licorero que forma parte del esquema de activos que el operador del cártel mantiene bajo el control de su círculo familiar más cercano.
Cabe destacar que Ramírez Báñales también es copropietaria, junto con la prima de El Jardinero, de una distribuidora de ropa al mayoreo. La concentración de negocios en distintos sectores bajo el nombre de un mismo familiar es un patrón recurrente dentro de la estructura del CJNG.
Los negocios del narcotráfico también llegaron a las tequileras
Los reportes de las autoridades estadounidenses también señalan a Roberto Jimez Arias, integrante del CJNG, como responsable de operar una casa tequilera llamada El Origen del Tequila S.A. de C.V.
Se trata de una empresa productora de bebidas registrada en México que cuenta con exportaciones legales y una amplia cadena de distribución, lo que le permite ofrecer cobertura para mover dinero entre distintos eslabones comerciales.
Sin embargo, este no es el único negocio que controla Roberto Jimez. El operador del cártel también administra una empresa constructora llamada Hurrari Kash S.A. Promotora de Inversión de C.V.
Esta le permite diversificar los canales por los que circulan los recursos del grupo criminal y justificar importantes desembolsos de efectivo mediante contratos de obra, materiales y mano de obra.
La esposa de Roberto Jiménez también tiene su propio negocio
Agropecuaria Amateq del Valle S.A. de C.V. es la empresa agrícola que Jiménez y su esposa, Martha Alicia Alvarado Rodríguez, controlan de manera conjunta. De acuerdo con el informe, este tipo de compañías permiten al CJNG justificar ingresos mediante la venta de productos del campo.
Se trata de un sector con una fiscalización limitada en zonas rurales y con acceso a subsidios gubernamentales que pueden mezclarse con recursos de origen ilícito.
Hasta este punto, la combinación de una tequilera, una constructora y una agropecuaria bajo el control de una misma pareja ilustra con claridad la diversificación financiera que el cártel utiliza para proteger su patrimonio.
Muebles sobre laboratorios de metanfetamina y una empresa de zapatos infantiles
Otro de los nombres que aparecen en la lista de las autoridades estadounidenses es el de José Jesús Gutiérrez Valdez, quien supervisa varios laboratorios clandestinos de metanfetamina en Zacatecas y, al mismo tiempo, figura como titular de Productores Vagu S.A. de C.V., una empresa dedicada a la fabricación de muebles.
Para diversos medios nacionales, esta combinación resulta estratégica, pues se trata de un giro comercial que permite facturar ventas ficticias y absorber efectivo sin despertar sospechas de manera inmediata.
Otro de los casos más llamativos del expediente corresponde a Gerardo Botello Rózales, alias “El Cachas”, un operador de alto nivel del CJNG con antecedentes por robo de combustible, robo de vehículos y presuntos vínculos con el Rancho Izaguirre, identificado por las autoridades como un centro de reclutamiento forzado.
Su nombre aparece registrado como propietario de Bubux Baby Shoes S.A. de C.V., una empresa dedicada, de acuerdo con su razón social, a la venta de calzado infantil. Según la información proporcionada por la OFAC, este negocio continuó operando incluso después de que Botello Rózales fuera detenido en 2018.
Cinco estados forman parte de esta red de negocios del CJNG
El territorio que el CJNG controla a través de estas redes abarca los estados de Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guerrero y Zacatecas. En cada uno de ellos, el cártel designa jefes de plaza encargados de coordinar la producción en laboratorios clandestinos y el traslado de drogas hacia la frontera norte.
Uno de esos jefes de plaza es José Octaviano García Martínez, responsable de la zona de Florencia, Zacatecas, junto con otros dos operadores territoriales.
De acuerdo con la OFAC, este integrante forma parte de la estructura subordinada de El Jardinero, la cual fue desarticulada parcialmente mediante las sanciones emitidas el pasado 23 de julio.
Cuando la OFAC sanciona a una persona o empresa, congela todos sus activos bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe a cualquier ciudadano o compañía de ese país realizar negocios con los designados. Además, estas medidas pueden extender sus efectos a terceros en otros países que busquen mantener acceso al sistema financiero internacional.
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