La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado una iniciativa para crear la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, proyecto que busca establecer un tipo penal homologado para todo el país.
Además de endurecer las sanciones, esta nueva ley contra el feminicidio busca ordenar nuevos mecanismos de investigación, coordinación y atención a las víctimas, además de proponer penas de 50 a 70 años de prisión.
Casos de feminicidio han aumentado en México y América Latina
De acuerdo con datos citados por la CEPAL, en los últimos cinco años, al menos 19 mil 100 mujeres y niñas fueron asesinadas por razones de género en América Latina y el Caribe, mientras que en 2024 se registraron 3 mil 828 víctimas de feminicidio o femicidio en 26 países y territorios de la región.
En México, el documento señala que la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021 reportó que siete de cada 10 mujeres de 15 años o más han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida.
No en todos los estados se aplica la ley de igual manera
La exposición de motivos que fue enviada al Senado señala que las 32 entidades federativas del país ya contemplan el delito de feminicidio en sus códigos penales; sin embargo, también advierte diferencias sustantivas en las razones de género reconocidas, las agravantes y las penas aplicables.
Según este documento, esta diversidad normativa ha generado dificultades para la clasificación de los delitos, problemas en las investigaciones y subregistros de feminicidio, por lo que la iniciativa plantea que la nueva legislación permita armonizar los marcos jurídicos locales y establecer estándares nacionales de actuación.
Cabe mencionar que otro de los puntos que también indica es que dicha propuesta retoma elementos de la Ley Modelo Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la muerte violenta de mujeres y niñas.
Penas que van desde los 50 hasta los 70 años de prisión
Uno de los cambios centrales de la propuesta es la declaración de imprescriptibilidad del delito de feminicidio, pues en el texto se sostiene que la acción penal, las sanciones y la reparación integral del daño no podrán extinguirse por el transcurso del tiempo.
La ley propuesta establece penas de prisión que van de los 50 a los 70 años, además de multas de entre mil y dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). También prohíbe criterios de oportunidad, acuerdos reparatorios, terminaciones anticipadas y cualquier mecanismo procesal que busque reducir la condena.
De igual forma, plantea que las personas sentenciadas por feminicidio no puedan acceder a beneficios de libertad anticipada, sustitución o conmutación de pena, además de ordenar que toda muerte violenta de una mujer sea investigada con perspectiva de género y bajo la hipótesis de feminicidio.
Establece 10 razones de género
El proyecto también define como feminicidio la privación de la vida de una mujer por razones de género, además de enumerar 10 supuestos para poder acreditar esa condición, los cuales son los siguientes:
- La víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo.
- La víctima presenta signos de violencias o lesiones degradantes o infamantes.
- Existen antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia.
- Cuando exista o haya existido entre el sujeto activo y la víctima algún tipo de relación.
- Cuando el sujeto activo haya pretendido establecer con la víctima algún tipo de relación.
- La víctima haya sido incomunicada, desaparecida o privada de la libertad.
- El cuerpo o los restos de la víctima sean expuestos, arrojados, depositados o enterrados en espacio público.
- Cuando el delito se cometa en un contexto de subordinación.
- El delito esté motivado por prejuicios o estereotipos relacionados con la orientación sexual, expresión o identidad de género.
- La víctima se haya encontrado en estado de indefensión.
Entre las medidas previstas para ministerios públicos y autoridades investigadoras se encuentran la búsqueda de antecedentes de violencia, la preservación de indicios, la obtención de videos de vigilancia, la realización de necropsias rigurosas, la práctica de peritajes especializados y el análisis del contexto de violencia que rodeó los hechos.
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