No es necesario irnos al otro lado del mundo para conocer la realidad del matrimonio infantil, pues en México, específicamente en el estado de Chiapas, esta práctica sigue presente, principalmente en comunidades indígenas y zonas con altos niveles de pobreza, donde los derechos de la infancia muchas veces quedan en segundo plano.
La ONU ubicó a México entre los países con mayor prevalencia de esta práctica, en la que mujeres indígenas son obligadas a unirse en matrimonio antes de cumplir los 18 años de edad, un problema histórico que, hasta el día de hoy, continúa afectando a miles de niñas y adolescentes.
¿Qué fue lo que ocurrió con el matrimonio infantil y la SCJN?
La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la comunidad indígena de La Candelaria, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, tiene derecho a gobernarse de manera autónoma y a recibir recursos públicos de forma directa. Sin embargo, también dejó claro que este reconocimiento no permite mantener prácticas que vulneren los derechos humanos.
Entre ellas se encuentran los matrimonios infantiles, los cuales quedarán completamente prohibidos, incluso si se justifican bajo los usos y costumbres de la comunidad.
Esta decisión surgió a partir de un amparo promovido por la comunidad tzotzil, luego de que el Congreso de Chiapas no respondiera a su solicitud para ser reconocida como gobierno comunitario.
¿Qué sucederá ahora con el reconocimiento otorgado a la comunidad de La Candelaria?
Con esta sentencia, la comunidad de La Candelaria podrá administrar directamente los recursos públicos que le correspondan, sin depender de autoridades estatales o municipales.
Sin embargo, este reconocimiento también implica obligaciones, ya que deberá transparentar el uso del dinero, someterse a mecanismos de fiscalización y cumplir con la Constitución y las leyes vigentes.
La ministra Loretta Ortiz Ahlf, autora del proyecto, explicó que esta resolución reconoce el derecho de las comunidades indígenas a decidir sobre su organización interna.
No obstante, aclaró que esto no las exime de cumplir con las normas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, por lo que prácticas como el matrimonio infantil no pueden justificarse bajo ninguna circunstancia.
Además, si alguna comunidad incurre en violaciones a estos derechos humanos, las autoridades competentes podrán intervenir. También podrán utilizarse informes de organismos públicos de derechos humanos para documentar estos casos, ya que el reconocimiento del autogobierno indígena también conlleva responsabilidades.
Chiapas se encuentra entre los estados con mayor incidencia de matrimonios infantiles
De acuerdo con UNICEF México, históricamente Chiapas ha ocupado los primeros lugares a nivel nacional en matrimonio infantil y uniones tempranas. El organismo señala que alrededor del 44.8% de las mujeres de entre 20 y 24 años en el estado se casaron o vivieron en unión antes de cumplir los 18 años.
Por otra parte, un censo del INEGI indica que el 6.3% de las adolescentes de entre 12 y 17 años en Chiapas ya vivía casada o en unión durante 2020.
Diversos especialistas y organismos internacionales coinciden en que este fenómeno está relacionado con una combinación de factores como la pobreza y marginación, el abandono escolar, el embarazo adolescente y la desigualdad de género.
Incluso, en algunos casos se ha documentado que algunas niñas son entregadas en unión mediante acuerdos familiares o a cambio de beneficios económicos, una práctica que organizaciones defensoras de derechos humanos consideran una forma de violencia contra las infancias.
¿Qué dicen las comunidades indígenas sobre esta práctica?
La postura de los pueblos indígenas respecto a los matrimonios infantiles es diversa y compleja. Por un lado, hay quienes consideran esta práctica una “tradición” que ayuda a preservar su identidad cultural, su organización social e incluso su economía.
Algunas personas sostienen que el matrimonio infantil representa una forma de proteger a las niñas y adolescentes de la violencia o de la pobreza.
Sin embargo, también existen comunidades, activistas y organizaciones que rechazan esta práctica por considerarla una forma de violencia, explotación y opresión contra niñas y adolescentes.
Señalan que el matrimonio infantil limita el acceso de las menores a derechos fundamentales como la educación, la salud, la libertad y la dignidad, además de representar una violación a la legislación nacional e internacional.
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