El problema de las desapariciones en México continúa siendo un tema alarmante. Sin embargo, en el caso de las personas indígenas, la situación podría ser aún más preocupante, pues las últimas cifras dadas a conocer reflejan un fuerte aumento en apenas siete estados de la República Mexicana.
Una consulta realizada por Voces del Territorio reveló que el 77.8% de las familias de personas indígenas no tiene información sobre lo ocurrido, mientras que el 47.7% se encarga de realizar por su cuenta la búsqueda de sus seres queridos, ante la casi nula participación por parte de las autoridades.
Número de personas indígenas presenta cifras alarmantes
Información de una investigación realizada por Voces del Territorio señala que el número de personas indígenas desaparecidas podría ser considerablemente mayor al que reflejan las estadísticas oficiales, pues mientras la RNPDNO solo contiene información sobre 22 personas, dicha investigación documentó 152 casos en siete estados diferentes del país.

Esta diferencia pudo identificarse gracias a que la organización civil recopiló información directamente en diferentes comunidades de los estados de Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Sonora. De acuerdo con la organización, solo el 13.8% de los casos que logró documentar aparece en los registros oficiales consultados.
Este contraste no solo evidencia un claro problema de registro oficial, sino que también demuestra las dificultades que enfrentan las familias para encontrar información sobre el paradero de sus seres queridos y, al mismo tiempo, acceder a mecanismos de búsqueda después de una desaparición.
Cuando la falta de acceso a la justicia hace que las familias se muevan por sí solas
La investigación señala que, en el 47.7% de los casos, los familiares aseguran que ellos mismos se encargan de realizar las búsquedas por cuenta propia, todo esto sin contar con acompañamiento ni recursos institucionales. Mientras tanto, el 20.5% reporta que ni siquiera ha podido realizar la búsqueda de su familiar desaparecido.
Además de estos datos y cifras, también se señala que el 77.8% de las familias consultadas en esta investigación dijo no tener información sobre lo ocurrido. Cabe señalar que el estudio fue realizado mediante 152 encuestas y 45 entrevistas a profundidad en 26 municipios.

En ellas se encontró que Oaxaca concentra la mayor cantidad de casos, con 102, seguido de Puebla con 18, Chiapas con 12, Sonora con 11, Guerrero con siete y Chihuahua con dos. Asimismo, la información documentada por Voces del Territorio señala la edad de las personas desaparecidas: el 46.7% tenía entre 18 y 30 años.
El miedo a denunciar hace que los casos de desaparición no lleguen a las autoridades
La investigación señala que la ausencia de denuncias por parte de las familias es uno de los elementos que las comunidades relacionan con el subregistro, pues, según la información obtenida a partir de los testimonios recopilados, distintos actores son señalados como posibles responsables de las desapariciones.
En 39 de los casos se señaló al crimen organizado, mientras que en 19 se mencionó a policías municipales, en 17 a autoridades estatales y en 14 a autoridades federales, incluidos integrantes de las fuerzas armadas.

Cabe señalar que dichos datos corresponden a los testimonios recogidos por Voces del Territorio y no constituyen, por sí mismos, una determinación judicial sobre la responsabilidad de los hechos.
Anabel Flores, mujer Yaqui e integrante de los procesos de documentación, explicó que algunas familias no presentan denuncias por temor a posibles represalias o porque simplemente desconfían de las autoridades. Según su relato, en algunos casos, los familiares han recibido amenazas para evitar que hablen sobre las desapariciones.
Las agresiones también se han trasladado al entorno digital
Además de toda esta información, la investigación también incluye un análisis sobre las nuevas formas de violencia que enfrentan las comunidades indígenas en los espacios digitales.
Aunque aún persisten brechas en el acceso y uso de la tecnología, la organización encontró que el internet también se ha convertido en un espacio donde pueden presentarse agresiones relacionadas con intereses políticos, empresariales y del crimen organizado.
Ante estas situaciones, algunas comunidades han desarrollado mecanismos propios para proteger su información y mantener sus procesos de organización. Entre ellos se encuentran los medios de comunicación autónomos, los controles comunitarios sobre la información y las estrategias colectivas para responder a los ataques.


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