El día de ayer se informó sobre la detención de Arturo “N” en el Estado de México por su presunta responsabilidad en el asesinato de Paola Buenrostro, una mujer trans y trabajadora sexual que fue asesinada en la CDMX en 2016, en plena vía pública.
Durante todos estos años, la activista Kenya Cuevas ha denunciado diversas irregularidades y presuntos abusos cometidos durante la investigación del asesinato de su amiga. Por ello, tras la reciente captura del presunto responsable, Kenya exige que esta vez las autoridades sí actúen con responsabilidad y garanticen el acceso a la justicia.
¿Quién era Paola Buenrostro y cómo fue asesinada?
Paola Buenrostro era una joven trans originaria del estado de Chiapas. Se mudó a la CDMX en busca de mejores oportunidades para salir adelante; sin embargo, la falta de oportunidades laborales y de espacios dignos para las mujeres trans la llevó a ejercer el trabajo sexual en las principales calles de la ciudad junto con otras integrantes de la comunidad, entre ellas la activista Kenya Cuevas.
La madrugada del 30 de septiembre de 2016, Paola se acercó al automóvil de un cliente que llegó al punto donde ejercían el comercio sexual.
Su amiga y colega Kenya Cuevas ha relatado que ninguna de las chicas quiso atenderlo debido a la mala impresión que les generó su comportamiento; sin embargo, la necesidad económica hizo que Paola decidiera acercarse, pese a las advertencias de sus compañeras.
A los pocos segundos de haber subido al vehículo, el cual avanzó apenas unos metros, Kenya relata que Paola comenzó a pedir ayuda a sus compañeras. Instantes después se escucharon dos disparos de arma de fuego, los cuales le arrebataron la vida mientras se encontraba en el asiento del copiloto.
El presunto culpable ya había sido detenido y liberado de inmediato
Tras estos hechos, y durante ese mismo año, Arturo “N” fue detenido; sin embargo, un juez ordenó su liberación al considerar que no existían elementos suficientes para relacionarlo con el crimen.
Además, el caso fue investigado como homicidio, mientras que la identidad de género de Paola no fue reconocida adecuadamente durante las primeras investigaciones.
El caso de Paola fue reconocido como transfeminicidio por la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX en 2019, es decir, tres años después de su muerte.
Posteriormente, en 2024, la llamada Ley Paola Buenrostro consiguió que el transfeminicidio fuera reconocido como un delito específico dentro del Código Penal de la CDMX, resultado del constante trabajo y la lucha encabezada por su amiga y activista trans Kenya Cuevas.
Una década después, las autoridades nuevamente tienen la oportunidad de hacer justicia
A 10 años del asesinato de Paola, el día de ayer Arturo “N” fue detenido nuevamente en Nicolás Romero, Estado de México. La primera audiencia se llevó a cabo bajo los cargos de homicidio y transfeminicidio, ya que cuando ocurrió el crimen, en 2016, el delito de transfeminicidio aún no existía en el código penal capitalino.
Por otro lado, la Fiscalía ha señalado que en esta ocasión fortalecerá la investigación para solicitar posteriormente a un juez que valore una posible reclasificación del delito, conforme a los hechos acreditados y al marco jurídico aplicable. Mientras tanto, Kenya Cuevas ha exigido que las autoridades actúen de manera correcta, justa y responsable en el caso de su amiga.
El caso también evidenció otra forma de violencia
Durante todos estos años, Kenya Cuevas también ha denunciado que no se reconoció adecuadamente la identidad de género de Paola. Además, ella tampoco fue reconocida como integrante de su familia social ni como víctima indirecta, a pesar de haber presenciado el ataque.
Para la comunidad trans, el caso de Paola demostró que la violencia no termina con un asesinato, sino que también puede continuar cuando las instituciones borran la identidad de las víctimas, excluyen a las familias sociales o realizan investigaciones sin perspectiva de género.
Durante todo este tiempo, Kenya Cuevas no solo ha luchado para que se haga justicia por el asesinato de su amiga Paola, sino que también se ha convertido en un pilar fundamental para que la comunidad trans tenga mayores oportunidades y acceso en materia penal, además de garantizar el derecho a la atención médica, atención psicológica y asesoría jurídicaen casos de violencia contra las mujeres trans.
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