La denuncia presentada por la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, en contra de cuatro comunicadores del municipio avanzó el pasado martes con la realización de la primera audiencia, en la que se discutieron los señalamientos relacionados con la presunta violencia política de género.
Entre los fundamentos de la denuncia, Nápoles Pacheco señala un presunto daño psicológico derivado de publicaciones realizadas en redes sociales. Dichos señalamientos corresponden a la gestión pública del gobierno municipal de Tenancingo.
¿Cuáles fueron las razones para hacer esta denuncia a los periodistas?
Nápoles Pacheco presentó una denuncia el pasado 26 de mayo ante la Fiscalía Especializada en Materia de Violencia de Género, con sede en Metepec, donde denunció a cuatro periodistas locales.
A quienes les exige 125 mil pesos a cada uno por concepto de reparación del daño, pues la edil acusa a estos comunicadores de haber ejercido presunta violencia digital en su contra.
La alcaldesa de Tenancingo señaló que este tipo de violencia se ha dado a través de diferentes ataques en redes sociales, por medio de publicaciones, transmisiones y diversos comentarios con información que ella asegura es falsa.
Además de insultos, hostigamiento, intimidación y violencia psicológica, junto con el uso del sarcasmo, la ironía y el daño a la reputación de la mujer.
Nancy Nápoles también señala que el trabajo periodístico de estos comunicadores la revictimiza constantemente al recordar el presunto caso de secuestro del que recientemente fue víctima, hecho sobre el que, según afirma, ella misma informó en un primer momento a través de sus redes sociales.
Los testigos de su denuncia son sus propios trabajadores
Alejandro López Vázquez, uno de los periodistas acusados, señaló a través de redes sociales que los testigos presentados por la alcaldesa fueron funcionarios del gobierno municipal, entre ellos el tesorero Erick García Reyes y la directora de Gobernación, Guillermina Cruz Cortés.
Ante esto, los comunicadores fueron claros al señalar que continuarán su defensa por las vías legales y sostuvieron que este caso abre un debate sobre los límites entre la libertad de expresión, el derecho a la crítica y la protección de los derechos de quienes ocupan cargos públicos en el país.
Periodistas piden a la alcaldesa de Tenancingo no criminalizar el periodismo
La agrupación gremial 100 Periodistas por el Estado de México lanzó un llamado urgente a las autoridades estatales para detener la criminalización de la prensa en Tenancingo, luego de que la alcaldesa los demandara penalmente y les exigiera más de 100 mil pesos de indemnización a cada uno.
Dicha petición de auxilio institucional ocurre en medio de un clima de tensión dentro de este mismo municipio, pues los informadores señalan que existe un intento directo y sistemático por silenciar las investigaciones periodísticas que exponen las deficiencias de la actual administración municipal.
Ante este escenario, solicitaron la intervención inmediata de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, del titular de la FGJEM y de los integrantes del Congreso del Estado de México para garantizar el ejercicio periodístico y la labor informativa en la región sur de la entidad.
¿Qué es lo que sigue ahora para los periodistas?
Durante las próximas semanas estará en juego el desarrollo de las comparecencias ministeriales para desahogar las pruebas de ambas partes, mientras el sistema de justicia determinará, mediante sus resoluciones, si prevalece el interés público de la información sobre el desempeño gubernamental o la protección de la imagen privada de la funcionaria.
Mientras tanto, este caso no solo ha puesto nuevamente en debate el tema de la libertad de expresión periodística, sino que también coloca en el mapa las agresiones contra periodistas y los obstáculos que los comunicadores han tenido que enfrentar a lo largo del tiempo.
Esto no solo los ha limitado en cuanto al ejercicio de su profesión, sino que también los ha puesto en peligro, al grado de costarles la vida, tal como sucedió con el caso del periodista asesinado en Poza Rica, Veracruz, Luis Ángel López, un hecho que volvió a evidenciar los riesgos que enfrenta la prensa en México.
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