Con 332 votos a favor y 83 en contra, la reforma sobre leyes secundarias para que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sean empresas públicas del Estado, fue avalada por diputados del oficialismo, junto con Movimiento Ciudadano (MC). ¿De qué trata exactamente esta reforma y qué implica para ti? Aquí te lo contamos.
¿Qué significa que Pemex y CFE sean empresas públicas?
Las reformas aprobadas tienen un impacto directo sobre Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dos pilares del sector energético mexicano. A partir de ahora, estas dos entidades, que anteriormente eran conocidas como “empresas productivas del Estado”, pasan a ser empresas públicas del Estado.
Este cambio en la nomenclatura significa un control más estricto por parte del gobierno y un enfoque en asegurar que la energía y los recursos petroleros sean utilizados en beneficio de la población mexicana, y no con fines puramente comerciales.
La reforma energética tiene dos objetivos principales: fortalecer la autosuficiencia energética de México, reduciendo la dependencia de empresas extranjeras en la producción y distribución de electricidad y combustibles.
El otro es promover la justicia energética, garantizando que el acceso a servicios básicos como la electricidad sea considerado un derecho, asegurando que las comunidades más marginadas, incluso en zonas remotas, tengan acceso a estos servicios, reduciendo la pobreza energética.
Leyes secundarias y nuevas normativas para el sistema eléctrico y petrolero mexicano
Con la aprobación de la reforma, no solo cambia el estatus de Pemex y CFE, sino que también se modifican y crean una serie de leyes clave que redefinen el funcionamiento del sector energético. Las diez leyes modificadas abarcan desde la legislación de hidrocarburos y energía eléctrica hasta la creación de nuevas leyes de biocombustibles, geotermia y la Comisión Nacional de Energía (CNE).
Una vez aprobadas por el Congreso, estas leyes deben ser promulgadas por la presidenta Sheinbaum y publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para que entren en vigor. A partir de ahí, el gobierno federal tendrá la responsabilidad de poner en marcha las reformas y garantizar su cumplimiento.
Estos son los beneficios de que la CFE y Pemex sean “empresas públicas”
1.- Control del gobierno
Al ser empresas públicas, el gobierno tiene más poder de decisión sobre las políticas energéticas, lo que permite alinear las acciones del sector con los objetivos nacionales de desarrollo.
2.- Acceso universal a la energía
El gobierno se compromete a garantizar que todas y todos los mexicanos, especialmente en áreas marginadas, tengan acceso a energía eléctrica y combustibles a precios accesibles.
3.- Soberanía energética
Reduciendo la dependencia de empresas extranjeras, el gobierno fortalece la capacidad de México para producir su propia energía y asegurar un suministro constante y seguro.
4.- Estabilidad de precios
La nacionalización de estos sectores puede ayudar a controlar la fluctuación de precios. La meta es que el precio de la electricidad y los combustibles no dependa de la especulación del mercado internacional.
5.- Mayor inversión en infraestructura pública
Al ser el Estado el que controla estos sectores, podrá invertir en proyectos de infraestructura energética que beneficien a la población, priorizando el bienestar colectivo por encima de la rentabilidad.
Los desafíos de la CFE y Pemex como “empresas públicas”
1.- Eficiencia operativa
Uno de los riesgos de que Pemex y CFE sean completamente públicas es que, en ocasiones, las empresas estatales pueden ser menos eficientes que las privadas debido a la burocracia y a una gestión menos ágil. Esto podría generar problemas como apagones o fallos en el suministro.
2.- Impacto en la inversión extranjera
La nacionalización puede generar incertidumbre en los inversionistas internacionales, ya que podría percibirse como un riesgo para los intereses privados en el sector energético, lo que afectaría la inversión en energías renovables y otras áreas estratégicas.
3.- Carga fiscal
Mantener y operar empresas públicas puede ser costoso, especialmente si las empresas no son rentables o no generan suficientes ingresos para cubrir sus gastos operativos. Esto podría llevar a que el gobierno tenga que destinar más recursos fiscales para subsidiar el sector.
4.- Reducción de la competencia
Al limitar la participación de empresas privadas, podría disminuir la competencia en el sector, lo que podría llevar a precios más altos o menos innovación en tecnologías energéticas.
El gobierno está tomando el control total sobre la electricidad y el petróleo, con la esperanza de que esto asegure una soberanía energética más sólida y garantice el acceso a servicios básicos para todos. Pero, como todo cambio de este tipo, también viene acompañado de retos y preguntas sobre su efectividad a largo plazo. ¿Será esta la mejor fórmula para un México más fuerte energéticamente? Solo el tiempo lo dirá.
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